Jueces contra la corrupción (58 medidas)

Si el Gobierno quiere remontar la falta de credibilidad de sus medidas contra la corrupción, recientemente explicadas por Mariano Rajoy en el Congreso, que asuma como propias las aprobadas ayer por los jueces decanos del Estado español. Ya está tardando el PSOE en pedirle que lo haga y en sumarse a la subrogación. Los socialistas y el resto de la clase política, por esa misma credibilidad perdida, podrían sobreponerse así al fracaso del pleno parlamentario del 27 de noviembre. Entonces las propuestas de los partidos centrales del sistema, PP y PSOE, quedaron sepultadas en la escenificación de una reyerta verbal totalmente estéril ante una ciudadanía poco dispuesta a distinguir entre unos y otros.

Aquí tienen la forma de forjar un verdadero consenso de lucha real contra la corrupción en la vida pública. A partir de una constatación: los casos “se han multiplicado”, dando lugar a una “sospecha generalizada sobre la gestión de lo público”. Y un diagnóstico poco o nada discutible: “La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada”, en un alarmante contexto de “desconfianza en el funcionamiento de las instituciones”.

Y junto al diagnóstico, una terapia avalada por la experiencia de los jueces decanos, todos ellos democráticamente elegidos por sus compañeros de profesión. La declaración de Valencia (XXIV Jornadas Nacionales) consiste en un catálogo de 58 propuestas firmadas por 45 magistrados de diversas sensibilidades pero unidos en una común vocación de servicio al Estado. Claras, definidas y orientadas a mejorar la respuesta al fenómeno de la corrupción, como algunas reformas legislativas que alumbren nuevas figuras penales. Por ejemplo, el enriquecimiento injusto o la financiación ilegal de los partidos políticos. O la elevación de las penas para delitos relacionados (prevaricación, tráfico de influencias, malversación, etc.) y para quienes la amparen, la oculten o la faciliten.

Respecto al juego de poderes, se apuesta por la despolitización de los nombramientos en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial, así como la delimitación de competencias entre Gobierno, comunidades autónomas y CGPJ. Todo ello orientado a reforzar la autonomía de la Justicia, se entiende. Y ahí encaja una profunda revisión de aforamientos e indultos, la supresión del suplicatorio, más autonomía para los fiscales, etc.

Es clave el capítulo dedicado a la mejora en la dotación de los medios materiales y humanos, si queremos que la Justicia sea más eficaz y más rápida en la tarea de perseguir y castigar las conductas delictivas. Por un lado se reclama una promoción de jueces que alcance la media europea de 21 por cada 100.000 habitantes (en España no pasamos de 11). Y por otro, se pide aumentar la partida dedicada a la Justicia hasta un 3% de los Presupuestos Generales del Estado.

Insisto en que a la clase política le viene pintiparada la ocasión de asumir como propio el catecismo de los jueces contra la corrupción. De momento quedamos a la espera de que se retrate ante estas 58 medidas que, en algunos casos, coinciden con las ya presentadas por el Gobierno, el PSOE y otros partidos. La diferencia es que en las actuales circunstancias, como queda dicho, las presentadas por los jueces son creíbles. Eso no puede decirse de las presentadas por el Gobierno y los partidos. Es lo que hay.