La rendición de Torres-Dulce

El hasta ayer fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, traiciona lo que defiende. La espantada desdice su campaña por la autonomía de la institución. Tenía en sus manos la herramienta legal para reafirmarse en sus posiciones y no la utilizó. Me refiero a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal en tiempos de Zapatero, donde se mantenía la capacidad del Gobierno para nombrar al fiscal general pero -y esta fue la novedad- no para cesarle antes de terminar su mandato.

El “cese a petición propia” es el reconocimiento de que le han podido las presiones políticas del Gobierno. Lo admite en privado y lo disimula en público con su apelación oficial a “razones personales”.

Aunque sus relaciones con Moncloa y los dos ministros de Justicia que le han tocado en suerte (Gallardón y Catalá) iban de mal en peor, el Gobierno carecía de competencias para cesarlo arbitrariamente. O sea, políticamente. No se daba ninguno de los otros supuestos de interrupción del mandato, muy bien tasados en la mencionada reforma (enfermedad, incompatibilidades, incumplimiento grave de sus funciones o cese del Gobierno que lo nombró). Significa que, como causa de la dimisión, a Torres-Dulce le ha parecido suficiente que el Gobierno le hiciera la vida imposible. ¿Qué esperaba de una actitud reivindicativa de la Fiscalía en nombre de la legalidad frente a los intereses de un Gobierno en nombre de la oportunidad?

Todavía está fresco su alegato parlamentario contra eventuales injerencias del Ejecutivo en su labor: “No tolero nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer”, dijo muy altivo en su comparecencia del pasado 26 de noviembre, cuando Moncloa quiso acompasar los tiempos de la Justicia a los de la política en plena resaca del 9-N catalán. Pues ha resultado que los tiempos de la política se lo han llevado por delante y él ha sido incapaz de evitarlo porque no quiso o no supo apurar su aguerrida defensa de un Ministerio Público autónomo de verdad.

Al final ha terminando tolerando y haciendo lo que el Gobierno le estaba diciendo que tolerase e hiciera: mutis por el foro, porque la relación se había hecho imposible. De ese modo da por buena la tesis del cese encubierto. Es lo que ha ocurrido realmente. Así queentre un Gobierno que le presionó y un fiscal que se rindióhan convertido en papel mojado la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que se hizo precisamente para dotarlo de “una mayor autonomía en el desempeño de sus funciones” y “reforzar de cara a la sociedad el principio de imparcialidad”. Entre otras cosas, incorporando las “causas objetivas del cese” y eliminando “la libre decisión de cese sin causa por parte del Ejecutivo”, tal y como quedó la reforma en el texto de la ley publicada en el BOE el 10 de octubre de 2007.

Por todo eso sostengo que Torres-Dulce ignora lo que predica. Con su resignado mutis no le ha hecho un buen servicio a la institución. Y eso que tenía perfectamente identificado el mal de fondo. Lo clavó cuando dijo en su reciente paso por elCongreso: “No se me puede acusar de ser un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Luis Bárcenas y solicito prisión para él”. El mismísimo fiscal general del Estado estaba proclamando a los cuatro vientos que el Gobierno de la Nación trataba de proteger y encubrir al tesorero de su partido y sus presuntos delitos ¿No les parece grave?