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El ministro y la prensa indiscreta
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Antonio Casado

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El ministro y la prensa indiscreta

No es verdad que el secreto sumarial, la presunción de inocencia o el derecho al honor estén legalmente desamparados, por mucho que ahora el ministro de Justicia quiera reabrir el debate

Foto: El ministro de Justicia, Rafael Catalá (EFE)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá (EFE)

El ministro de Justicia y notario mayor del Reino, Rafael Catalá, (Madrid, 54 años), tiene un prolongado historial de servicios a la Administración del Estado, pero parece nuevo. Ayer en Barcelona soltó la liebre más vieja del corral a sabiendas de que le falta recorrido. Siempre topó con el blindaje constitucional: la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a estar informados y el secreto profesional.

Le preocupa lo ocurrido hace unos días en torno a la zarandeada figura del exvicepresidente del GobiernoRodrigo Ratoen los medios de comunicación. Pero desempolvar a estas alturas el viejo debate sobre si se deben someter las filtraciones judiciales a un régimen de sanciones a los medios informativos que las hagan públicas son ganas de enredar. Por dos razones. Primero, porque reconoce que el Gobierno no tiene sobre la mesa ningún proyecto en ese sentido. Y segundo, porque en realidad no propone nada nuevo sobre el modo de evitar la llamada “pena de telediario”, los juicios paralelos y el respeto a la presunción de inocencia, que son los efectos visibles de la indiscreción.

Visibles, sí, pero no necesariamente tóxicos. Echemos la vista atrás. La memoria de los grandes escándalos de nuestra reciente historia (Gal, Filesa, Malaya, Gürtel, Bárcenas, Nóos, los Pujol, ERE, Púnica…) permite vincular los efectos de las filtraciones con la función institucional de la prensacomo brazo fiscalizador de la sociedad civil y servicio público independiente del poder político. Ayer mismo, la presidenta de los periodistas españoles,Elsa González, aludía a los casos de corrupción que se habrían hurtado al ciudadano de no haber sido por los informadores y, en todo caso, sugiere proyectar la carga de la prueba sobre el filtrador y no sobre el mensajero.

Hay un régimen sancionador que está vivo en el ámbito penal, en el civil y en el corporativo. Tanto por el lado del periodista como del funcionario

Solo en casos muy contados se derivaron daños irreparables en el honor o la imagen pública de un determinado personaje por la violación de un secreto sumarial. Lo habitual es que las sentencias definitivas acaben confirmando esos juicios paralelos surgidos de indiscreciones periodísticas con la colaboración necesaria de un funcionario, un letrado, un fiscal, o el propio juez.

No es verdad que el secreto sumarial, la presunción de inocencia o el derecho al honorestén legalmente desamparados, por mucho que ahora el ministro de Justicia quiera reabrir el debate sobre la posibilidad de sancionar a medios de comunicación que informen en base a “filtraciones” que afectan a casos sometidos a procesos indagatorios en sede judicial. Como si esa posibilidad no existiera aquí y ahora. Naturalmente, no existe la sanción gubernativa (sólo faltaba eso). Espero que no se le pase por la cabeza, ni de lejos, semejante aberración. Pero sí hay un régimen sancionador que está vivo en el ámbito penal, en el civil y en el corporativo. Tanto por el lado del periodista como del funcionario.

En nuestro Código Penal, por ir a la mayor, están perfectamente descritas figuras como injuria, calumnia, desacato, delito de desobediencia, revelación de secretos, etc. De hecho, podríamos mencionar numerosos pleitos que tuvieron su origen en una filtración. Y son escasísimas, por no decir ninguna, las sentencias en las que la libertad de expresión o el interés público cedieron ante el secreto judicial o el derecho al honor como consecuencia de una ruptura del secreto sumarial.

El ministro de Justicia y notario mayor del Reino, Rafael Catalá, (Madrid, 54 años), tiene un prolongado historial de servicios a la Administración del Estado, pero parece nuevo. Ayer en Barcelona soltó la liebre más vieja del corral a sabiendas de que le falta recorrido. Siempre topó con el blindaje constitucional: la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a estar informados y el secreto profesional.

Rafael Catalá Prensa