Cuenta atrás para la Infanta evasiva

Remitidos por el juez Castro, desde ayer están en la Audiencia Provincial de Palma los 76.000 folios del caso Nóos. Y ya conocemos a las tres personas de la sección primera (un hombre y dos mujeres) encargadas de emitir sentencia, según la providencia dictada ayer por el presidente del tribunal juzgador, Juan Pedro Yllanes. Antes han de leerse el voluminoso sumario y fijar la fecha del juicio.

En el banquillo va a sentarse por primera vez un miembro de la Familia Real, aunque podría librarse si en los preliminares del juicio se abriese paso la tesis del fiscal (su máximo responsable es nombrado por el Gobierno), que no aprecia la comisión de ningún delito por parte de la infanta Cristina y, por tanto, no formula cargos penales contra ella. Sólo le reclama 587.413 euros por “responsabilidad civil a título lucrativo”, ya abonados por los letrados de la hermana del Rey.

De ese modo el escrito de “acusación” del fiscal, con petición de penas para todos los encausados (dieciocho) menos uno, parece un escrito de defensa de la hermana de Felipe VI frente a los “raquíticos argumentos” del juez y la Audiencia. Por tanto, pide el archivo de su caso porque “sólo” la acusación popular (Manos Limpias) quiere sentarla en el banquillo. Es decir, reclama la aplicación de la llamada doctrina Botín. A saber: si el perjudicado no acusa (la Agencia Tributaria), no hay caso. Sin embargo, que el fiscal se abstenga de acusar en nombre de los perjudicados no supone que no los haya. Somos todos los españoles, cuya caja común (la Hacienda Pública) fue asaltada por unos cuantos sinvergüenzas.

Si la acusación pública no le atribuye la comisión de ningún delito no habría procesamiento, lo cual reabriría el debate sobre la igualdad ante la ley

Pero no adelantemos acontecimientos. El traslado del sumario desde el Juzgado de Instrucción número 3 a la Audiencia de Palma es, de momento, un pasito más hacia el convencimiento popular de que manda el principio de igualdad ante la ley. ¿Todos iguales? Más vale que esa conclusión por ahora provisional se eleve a definitiva en el sentir de la gente.

Para verificarlo no hace falta una condena, pero sí un juicio público a la espera de la sentencia definitiva. Y para desmentirlo bastaría que en el trámite de cuestiones previas prosperase la mencionada doctrina Botín, planteada por el Ministerio Público solo para una de las 18 personas procesadas. Casualmente, una infanta de España, hermana del Rey, séptima en la línea sucesoria, acusada en el caso Nóos por un doble delito fiscal en grado de cooperación necesaria. Según esa tesis (si el fiscal ni la AEAT no acusan, no hay caso), no tendría que sentarse en el banquillo. O sea, si la acusación pública no le atribuye la comisión de ningún delito no habría procesamiento, lo cual reabriría el debate sobre si realmente todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

La institución está por encima de sus propios miembros. Con la misma firmeza que debemos relacionar el enjuiciamiento de la hermana del Rey con el funcionamiento del Estado de derecho, podemos reprobar la conducta evasiva de la Infanta ante las preguntas del juez, como hizo en su día, equiparándose a tantos personajes públicos pillados en falta. Tiene derecho a defenderse como cualquier ciudadano. Pero cualquier ciudadano no tiene el deber de ser ejemplar. Ella, sí.