Chaves y Griñán, fuera de la ley
Ni Chaves y Griñán, que pueden haber cometido las ilegalidades que les imputa el juez, no son ni han sido nunca unos ladrones, aunque creasen las condiciones para que otros sí lo fueran
A diferencia del PP, que sitúa en la apertura del juicio oral el desahucio político de sus dirigentes y cargos públicos, el PSOE bajó el listón al momento de la imputación judicial. La fulminante renuncia presentada ayer tarde ante la dirección federal de su partido por los diputados Chaves, Zarrías y Viera nos ahorra el comentario. Perdido el aforamiento, ya no es necesario pedir el suplicatorio al Congreso. Los tres han hecho lo debido y no hay más que hablar, aunque sobre el fondo de la cuestión hay mucho por decir.
El auto del juez Barreiro (Tribunal Supremo) es demoledor. Los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y el ya ex senador José Antonio Griñán, actuaron fuera de la ley, al igual que los ex consejeros, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. El presunto delito: prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal). Tomaron decisiones sabiendo que eran ilegales: las famosas “transferencias de financiación”, ideadas para eludir el control administrativo.
El presunto delito de malversación de fondos públicos solo recae, a título indiciario, en José Antonio Viera, consejero de Empleo cuando ocurrieron los hechos
Nada de eso hubiera sido factible sin el “ejercicio arbitrario del poder” según la exposición por el juez. Lo cual, sin perjuicio de los efectos judiciales que puedan derivarse, como un agravante en la relación fáctica, es el verdadero fondo de la cuestión. Política por los cuatro costados porque toca el fundamento de la relación entre gobernante y gobernado.
Además, entiende el juez instructor que los cuatro inculpados mintieron al Tribunal Supremo al insistir en su desconocimiento respecto al método utilizado para canalizar las subvenciones. Su pretexto de agilizarlas, acabó favoreciendo la malversación de una parte de los fondos: 136 millones de euros distraídos (robados) de un total de 855 destinados a un fin tan justo como la ayuda a trabajadores y empresas en apuros. Esos 136 millones fueron los que acabaron en bolsillos privados en forma de comisiones abusivas, practicas clientelares, expedientes falsos y ayudas fraudulentas (los llamados “intrusos”).
El juez entiende que los cuatro inculpados mintieron al TS al insistir en su desconocimiento respecto al método usado para canalizar las subvenciones
El presunto delito de malversación de fondos públicos, sin embargo, solo recae, a título indiciario, en José Antonio Viera, consejero de Empleo cuando ocurrieron los hechos en el periodo 2000-2011. No se aprecia en el comportamiento de los dos antecesores de Susana Díaz. No les excusa de ser unos malos gobernantes pero sí de ser unos ladrones. Conviene señalarlo en favor de quienes siempre hemos sostenido que es odiosa la comparación de Chaves y Griñán con quienes figuran en la lista de sinvergüenzas que metieron la mano en la caja, como Luis Bárcenas, Matas, Jordi Pujol y familia, Granados, Carlos Fabra, en su día Luis Roldán, etc. A la lista probablemente se unan muchos de los 272 imputados en el caso de los ERE (Javier Guerrero y Juan Lanzas tienen todas las papeletas), del que ayer conocimos una nueva entrega.
Pero, insisto, ni Chaves y Griñán, que pueden haber cometido las ilegalidades que les imputa el juez pero ni son ni han sido nunca unos ladrones, aunque creasen las condiciones para que otros lo fueran ¿A sabiendas de los entonces presidentes de la Junta? No es creíble su pretendido desconocimiento en una pirámide cuyo vértice ocupaban. Y en este punto de la cuestión se impuso el sentido común del interventor general, Manuel Gómez, que en su día advirtió de la ilegalidad del procedimiento y nunca creyó que la información se quedara en las consejerías sin pasar a la presidencia.