El 'caso Púnica' y las náuseas del PP
Si no hay pecado judicial, al menos hay pecado político en la indolencia, la omisión y la mirada distraída sobre lo que ocurre en el entorno inmediato de un gobernante o un dirigente de partido
La corrupción no es una herencia del pasado, como pretendían hacernos creer en el PP. Lo desmienten las últimas entregas de la llamada Operación Púnica (contratos de obras o servicios públicos a cambio de comisiones), desmantelada por la Guardia Civil en el otoño del año pasado con la detención de medio centenar de personas, entre políticos y empresarios.
Los testimonios obrantes en el sumario, ya desvelado el secreto judicial, han vuelto a ser de amplio consumo mediático. Y han vuelto a desbordar la capacidad de asombro de la opinión pública. Muchos nos remiten a fechas recientes, aunque el funcionamiento de la trama (básicamente, desvío de dinero público hacia bolsillos privados) se remonta varios años atrás.
Los dirigentes del partido de Mariano Rajoy apelan de nuevo a la condición humana como resorte argumental frente a la doctrina de la corrupción institucionalizada. De corrupción “congénita” del PP hablaba ayer mismo en un artículo el exlíder socialista Pérez Rubalcaba. No están reñidas las dos teorías. Y menos aún en este tipo de casos, donde es inevitable la concertación de conductas individuales, sin excluir las orientadas a la financiación de actos del partido. Por eso hablamos de trama. En distintas fases del calendario (después de ser alcalde, Francisco Granados reinó en el PP entre 2004 y 2011). Y en distintos lugares de la gobernación municipal o regional (Madrid, Valencia, León, Murcia). ¿Nadie, aparte de los interesados, se percató de lo que ocurría en tantos sitios y durante tanto tiempo?
Es imposible que la Guardia Civil tuviera noticia de las prácticas tóxicas de ciertos altos cargos del PP antes que otros dirigentes que ahora se hacen de nuevas
Todas las pruebas disponibles en este y otros casos (por supuesto, también en el de los ERE andaluces) nos llevan hacia la misma conclusión: es imposible que la Guardia Civil tuviera noticia de las prácticas tóxicas de ciertos dirigentes o altos cargos del PP antes que otros dirigentes o altos cargos del PP con los que compartían tarea, discurso, reuniones, tejido organizativo, y que ahora se hacen de nuevas. Si no hay pecado judicial, al menos hay pecado político en la indolencia, la omisión y la mirada distraída sobre lo que ocurre en el entorno inmediato de un gobernante o un dirigente de partido.
Una persona fundamental en la pirámide de poder del PP me confesó a puerta cerrada que en cierta ocasión comentó con Esperanza Aguirre la extendida sospecha sobre la conducta de compañeros que ahora aparecen implicados en este escándalo. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid calificó de “siempre negativos”, “nunca positivos”, como diría Van Gaal, los comentarios de dicha persona. Es un simple ejemplo de flojera en la lucha contra la corrupción a la hora de la verdad, que es la preventiva, la que permite curarse en salud.
El comando de jóvenes segundos del PP –los primeros callan– ha tomado posiciones en los medios de comunicación para expresar el “asco”, el “bochorno”, las “náuseas” que sienten por la banda sonora de la Operación Púnica que protagonizan sus “ovejas descarriadas”, mientras el resto de partidos valora el caso como un problema “orgánico”.
En el caso del principal partido de la oposición, se aprovecha la coyuntura para pedir explicaciones parlamentarias al presidente del Gobierno. Pero Rajoy no está por la labor de darlas. Tal vez haya pensado que explicarlo es empeorarlo, como ya ocurriese en el último pleno del Congreso sobre la corrupción (27 noviembre 2014). Entonces los dos grandes partidos volvieron a escenificar una estéril reyerta verbal. Pedro Sánchez acusó al presidente de incapacidad para abordar la regeneración democrática. Y Rajoy sostuvo que la firmeza de Sánchez ante la corrupción termina en Despeñaperros.