El cementerio nuclear topa con la política
La defensa de las grullas es una pura coartada, una “ocurrente” improvisación ante la inminente y definitiva luz verde del Consejo de Ministros al emplazamiento elegido en diciembre de 2011
Es algo más que un absurdo dilema entre grullas y razones de utilidad pública como trasunto de ese choque de competencias comentado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Las del Gobierno central de Rajoy y el autonómico de socialista García-Page. El debate sobre el emplazamiento del ATC (almacén temporal centralizado) en Villar de Cañas (Cuenca) es cuestión política al cien por cien. O sea, habrá vencedores y vencidos. Y eso no es bueno cuando se trata de un asunto de Estado, de los que piden consenso a gritos.
Ergo, por suerte o por desgracia, según se mire, las cuestiones técnicas relacionadas con el soterramiento de residuos nucleares en este pueblo castellano-manchego (de seguridad, geológicas, medioambientales, económicas y laborales) pasan a un segundo plano en medio de la tormenta política, pero no son irrelevantes. Ni nuevas, aunque desde un lado de la barricada (Gobierno de la Nación, que es el del PP) se presenten como un pretexto político. En Moncloa y Génova solo quieren ver un inesperado calentón del bando de enfrente (PSOE, principal grupo de la oposición a escala nacional), debido a la presunta servidumbre de sus pactos con terceros (Podemos hace posible un Gobierno socialista a escala regional).
Lo del calentón, simplemente, no es verdad. Responde a un compromiso previo de todas las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha, excepto el PP, firmado dos meses antes de las últimas elecciones autonómicas. Junto a la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, PSOE, IU. UPyD y Podemos decidieron incluir en sus respectivos programas electorales el compromiso de trabajar por “un final “político” del ATC, puesto que la decisión de instalar en Villar de Cañas el cementerio nuclear también había sido, según ellos, de conveniencia política.
Las cuestiones técnicas relacionadas con el soterramiento de residuos nucleares pasan a un segundo plano en medio de la tormenta política
Son las coordenadas políticas del caso, a cuyo servicio entra la extravagante decisión administrativa de la Junta. Consiste en ampliar la zona de especial protección de aves al lugar donde ha de ser construido el ATC. La defensa de las grullas es una pura coartada, una “ocurrente” improvisación ante la inminente y definitiva luz verde del Consejo de Ministros al emplazamiento elegido oficialmente en diciembre de 2011 por el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy.
En cuanto a las coordenadas técnicas, conviene recordar que Villar de Cañas era el peor valorado de los cuatro candidatos al ATC. Sobre todo desde el punto de vista geológico, cuyo informe hablaba de “dolinas de subsidencia generadas por la disolución de algunos estratos yesíferos”. Es decir, que podría haber cavidades en el subsuelo como las había en el famoso caso del almacén submarino de gas (Castor), cerca de Vinaroz (Castellón). Y no tendría gracia un nuevo fiasco como aquel, a costa del bolsillo de los consumidores, por volver a hacer mal las cosas. O por hacerlas bien desde el principio pero con un formidable sobrecoste, que es lo que procede en este caso para resolver preventivamente el problema de las “cavidades”.
En Moncloa y Génova solo quieren ver un inesperado calentón del bando de enfrente, debido a la presunta servidumbre de sus pactos con terceros
Un problema inexistente en el caso de los otros emplazamientos disponibles hace tres años y medio para alojar el cementerio nuclear: Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara). Pero hasta la gaviota del PP (o el charrán) sabe que la decisión fue política. “Cuenca, sí; Guadalajara, no”, dijo la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y punto redondo, cuando el reinado del PP alcanzaba a las tres Administraciones implicadas. Eso es lo que ha cambiado. Y ahora hay razones políticas por el otro lado.