Un mal paso de Rajoy: innecesario y provocador
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Antonio Casado

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Un mal paso de Rajoy: innecesario y provocador

España ya cuenta con resortes doctrinales, instrumentales y sancionadores sobre los que se basa Rajoy cuando proclama a todas horas la imposibilidad legal y política de la independencia catalana

Foto: El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. (EFE)

No es esto, no es esto. Mal paso da el PP si cree que convertir al Tribunal Constitucional de la noche a la mañana en un gendarme frenará a los separatistas o, dicho en positivo, reforzará a quienes quieren frenarlo en las urnas. Más bien al contrario. Divide a quienes trabajan por una Cataluña tan catalana y tan española como siempre, ya sean políticos, jueces o ciudadanos en general. Y reanima a los partidarios de la segregación, tan hábiles en la explotación del victimismo.

La iniciativa, que está llamada a aprobarse con el resto de las fuerzas políticas en contra, es una proposición de ley del PP en trámite de urgencia que otorga al Tribunal Constitucional la potestad de sancionar a los servidores públicos que incumplan sus sentencias. Hasta los silentes leones de las Cortes saben que es improvisación de última hora para impedir un presunto gol de Artur Mas, aunque sea haciendo penalti. Como si no hubiera otras formas de evitarlo. Como si al Estado le faltasen medios en el marco de la legalidad.

Lo malo es que la iniciativa, tal y como se ha presentado, con prisas y sin un mínimo consenso previo, cinco minutos antes de la traca segregacionista, traslada precisamente una falsa imagen de Estado indefenso. Eso es lo peor. Que el Gobierno Rajoy no solo asume el carácter plebiscitario que unilateralmente confieren los nacionalistas a las elecciones del 27-S. Mucho peor. El Poder Ejecutivo viene a reconocer su incapacidad en la defensa de los principios amenazados: soberanía nacional e integridad territorial. Y, en vez de dar la cara, utiliza al PP en su implícita confesión de impotencia. De paso, elude el trámite elusivo de consultas previas al Consejo de Estado y al Poder Judicial.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo viene a reconocer su incapacidad en la defensa de los principios amenazados: soberanía e integridad territorial

Pero nada de Estado indefenso. Cuenta con resortes doctrinales, instrumentales y sancionadores sobre los que se basa el presidente Rajoy cuando, con general asentimiento de fuerzas políticas y ciudadanía en general, proclama a todas horas la imposibilidad legal y política de la independencia catalana. Aún si se llegase a dar la peor de las hipótesis (mayoría absoluta del separatismo) está disponible una panoplia legal suficiente ante a una hipotética declaración unilateral. Basta echar un vistazo a las normas de carácter coactivo o sancionador de la Constitución Española. Desde el famoso 155 que permite adoptar medidas orientadas al cumplimiento forzoso de las obligaciones de una Comunidad Autónoma, hasta la declaración de estados de excepción previstos en el 116. Por no mencionar el artículo 8, tan vigente como los demás, que fija en las Fuerzas Armadas la última garantía del orden constitucional y la integridad territorial.

¿Palabras mayores? Por supuesto. Palabras mayores son las que alientan el sueño segregacionista. Tampoco vale ponerse trágicos teniendo un Código Penal que dispone la inhabilitación de “las autoridades o funcionarios públicos que se negaran abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales u órdenes de la autoridad superior”. Dirán ustedes que eso se lo pasan por el arco del triunfo Mas y los componentes de su abigarrada lista. Pues calculen por donde se van a pasar estos destripadores de la legalidad las presuntas intenciones coactivas de esta absurda, innecesaria, provocadora y unilateral iniciativa. También se la califica de “electoralista” porque el candidato García Albiol aparece en la foto de la presentación en la Cámara. Eso no lo entiendo porque no favorece al PP sino al adversario.

Y “chapucera”, han dicho algunos. La chapuza se detecta en el pleonasmo. Aparece en la exposición de motivos del documento presentado ayer por el portavoz parlamentario, Rafael Hernando. No se lo pierdan. Después de reconocer que el Tribunal Constitucional ya tiene “elementos suficientes para garantizar la efectividad de sus resoluciones” (entonces, ¿a qué viene esto?), lo que se persigue es “desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea efectiva”. Toma ya.

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