Proceso catalán: capitulación o desacato
La vicepresidenta de la Generalitat se ratifica en el propósito de mantener “los efectos políticos de la resolución” que, como se sabe, declara abierto el proceso hacia una república catalana independiente
El Tribunal Constitucional anula la resolución independentista del Parlament y el Gobierno en funciones de la Generalitat dice que eso no frenará la voluntad política expresada por la Cámara. Vale. Lo que frena es el intento de convertir la voluntad política de la Cámara en actos jurídicos, tales como la tramitación de leyes inspiradas en la resolución anulada.
Si la resolución es anticonstitucional (cinco preceptos de la Constitución y dos del Estatuto de Autonomía), también lo serían esas leyes. Desde el mismo momento de ser aceptadas a trámite en el Parlament, se activarían los mecanismos sancionadores del Estado, empezando por los recientemente atribuidos al Tribunal Constitucional y siguiendo por distintas figuras delictivas, citadas oportunamente a principios de noviembre por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Eso es lo que hay. Dicho sea como antídoto para las agotadoras trampas verbales del nacionalismo catalán. La última, en boca de la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté. Se ratifica en el propósito de mantener “los efectos políticos de la resolución” que, como se sabe, declara abierto el proceso hacia una república catalana independiente.
¿Qué quiere decir eso? Como escribe el politólogo Ignacio Martin Blanco: “Las palabras han sido las primeras víctimas de este proceso saturado de eufemismos y retranca con el objetivo de difuminar ante la opinión pública el alcance de la ruptura de Cataluña con el resto de España”. Pero la farsa va tocando a su fin. Por agotamiento, al ridículo. O por desacato, a la colisión.
A los agitadores de esta insensata aventura, que parte en dos a Cataluña, solo les queda la desobediencia o la capitulación. De las dos tienen garantizado el ridículo
Ya no vale marear la perdiz ante un pronunciamiento en el que el TC deja muy claro que la resolución se tumba por su voluntad de producir “efectos jurídicos propios” (“y no meramente políticos”, se añade) a partir de un imaginario poder constituyente 'catalán'. Eso es jurídica y políticamente aberrante en un régimen de soberanía nacional única e indivisible que reside en el pueblo español (artículos 1 y 2 de la CE).
A los agitadores de esta insensata aventura, que parte en dos a Cataluña, solo les queda la desobediencia o la capitulación. De las dos formas tienen garantizado el ridículo. Por no reconocer a tiempo que han perdido todas las batallas. La de la razón, sobre todas. Pero también la de las urnas, si nos atenemos al carácter plebiscitario que ellos mismos asignaron a las elecciones del pasado 27 de septiembre.
La CUP ha decidido no atender a los ritos de apareamiento de Artur Mas hasta después de las elecciones generales. Por tanto, la política catalana sigue marcada por el vacío de poder mientras se prepara para españolizarse durante las próximas semanas. Atentos a esta segunda vuelta de las elecciones catalanas, convocada para el 20 de diciembre a escala nacional. La pugna entre Mas (CDC blanqueada con otro nombre) y Junqueras (ERC) va a ser de alquilar balcones.
Bueno, al menos la españolización del 'conflicto', que nos va a tener entretenidos hasta finales de mes, nos va a dar un respiro, antes de que una probable repetición de las elecciones del 27-S exima a la Generalitat de verse obligada a decidir si obedece o desobedece al Tribunal Constitucional.