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Congreso y Gobierno: en precario y a la greña
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Antonio Casado

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Congreso y Gobierno: en precario y a la greña

No estamos ante un conflicto institucional sino ante un vacío normativo respecto a la función de control parlamentario sobre un Gobierno interino

Foto: El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, durante la segunda votación de la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, el 4 de marzo. (EFE)
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, durante la segunda votación de la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, el 4 de marzo. (EFE)

Aunque sobre las dos instituciones planea la amenaza de una muerte súbita, uno se pregunta de dónde saca el Congreso el ímpetu para avasallar al Gobierno en funciones.

Las Cortes Generales alumbradas por las urnas de 2015 se han constituido en tiempo y forma. Pero si nos atenemos al pesimismo reinante, su esperanza de vida puede ser incluso menor que la del Gobierno nacido de las Cortes alumbradas en 2011. Por tanto, la dramatización del litigio entre dos instituciones en precario encaja más en el teatro del absurdo que en un verdadero conflicto institucional. Trataré de explicarme.

Si se trata de capitalizar la soledad política del PP, aciertan los demás partidos acusando al Gobierno de Rajoy de antidemocrático y “rebelde” por eludir el control parlamentario. Un movimiento táctico como otro cualquiera.

Si esos partidos (PSOE, Ciudadanos y Podemos, básicamente) invocan la fiscalización imperativa del Gobierno en funciones por el Parlamento elegido en las urnas del 20-D, carecen de razón jurídica (legalidad). La ley es de obligado cumplimiento para todos. Aunque pueden tener razón política, a la luz del principio de oportunidad, tan disponible para quienes sostienen que el Gobierno en funciones debe someterse al control parlamentario como para quienes sostienen lo contrario.

Si apelamos a los deberes institucionales de estos dos brazos del Estado, seamos equitativos. Si exigimos el sometimiento del Gobierno interino a la función controladora de un Congreso en precario (la repetición electoral no es hipótesis descabellada), exijamos al Congreso que antes cumpla con su deber de elegir a un presidente del Gobierno para cerrar el paréntesis de una vez por todas.

Mientras tanto, es un disparate hablar de conflicto institucional o declarar en rebeldía al Gobierno de Rajoy por eludir la fiscalización política de un Parlamento al que no debe su legitimidad. Sin embargo, las espadas siguen en alto después del diálogo de sordos protagonizado por el presidente de la Cámara, Patxi López, y el secretario de Estado, José Luis Ayllón.

La dramatización del litigio entre dos instituciones encaja más en el teatro del absurdo que en un verdadero conflicto institucional

En la actual situación extraordinaria el Gobierno en funciones no se someterá al control ordinario de la Cámara en los términos prescritos en el título V de la Constitución Española (artículos 108 y sucesivos), que regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Quienes hablan en nombre del Congreso (dirigentes o diputados de tal o cual partido, al fin y al cabo) pueden quedarse roncos apelando al fuero parlamentario si se empeñan en valorar como elemento de menor cuantía la interinidad de un Gobierno de competencias muy limitadas que debe su legitimidad a una Cámara amortizada.

No estamos ante un conflicto institucional sino ante un vacío normativo respecto a la función de control parlamentario sobre un Gobierno interino. Y eso lo aprovechan los adversarios del PP (prácticamente el resto de la Cámara) para acusarle de no aceptar las reglas de la democracia. Por el mismo precio también el PP puede acusarles a ellos de utilizar la controversia para desgastarle. A la luz del principio de oportunidad, propio de la lucha política, cualquiera puede actuar como crea conveniente a sus intereses de partido.

También sería muy conveniente plantear el asunto en el terreno de la voluntad política y el espíritu de leal cooperación entre las dos instituciones

En el PSOE y en Ciudadanos no descartan acudir al Tribunal Constitucional. Sería muy conveniente. No para resolver un conflicto entre poderes, sino para crear doctrina que cubra el vacío normativo causante de la controversia entre las dos instituciones. Una controversia que ha dado lugar a informes jurídicos contrapuestos por parte de los abogados del Estado y los letrados de las Cortes. El propio presidente de la Cámara, Patxi López, no lo descarta, aunque la polémica se aplaza hasta después de Semana Santa. Será la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del próximo día 29, la que tome alguna decisión.

Entretanto, también sería muy conveniente plantear el asunto en el terreno de la voluntad política y el espíritu de leal cooperación entre las dos instituciones. Lo cual supone informar a la Cámara sobre las decisiones que, ya muy limitadas, puede tomar un Gobierno en funciones. También supone buscar el consenso en asuntos de especial trascendencia. Por ejemplo, en situaciones nacionales sobrevenidas. O las que nos exigen una toma de posición por nuestra pertenencia a instituciones internacionales, como ha sido el caso de la UE y la crisis de los refugiados. Véase como no ha habido mayor problema en llevar a Bruselas una posición común sin necesidad de escenificar un intercambio de golpes en una sesión de control al uso.

Lo que no tiene sentido es esperar que en un marco extraordinario se quiera ejercer la función ordinaria del control parlamentario, tal y como está concebida en nuestro sistema.

Aunque sobre las dos instituciones planea la amenaza de una muerte súbita, uno se pregunta de dónde saca el Congreso el ímpetu para avasallar al Gobierno en funciones.

Mariano Rajoy Pedro Sánchez Ciudadanos