El dilema catalán: ley o sedición

El Tribunal Constitucional pone paz en la incipiente guerra civil del secesionismo. Los gamberros de la CUP y el dúo Puigdemont-Junqueras (Junts Pel Sí) se reencuentran frente al enemigo común (suspiros de España), al grito de “¡Hasta aquí llegó el diálogo!”, en voz de Anna Gabriel, portavoz parlamentaria del grupo dizque anticapitalista. Y el sucesor de Pujol y Mas en la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, se queda deshojando la margarita: orden vigente o sedición.

De un lado, el orden y la ley, donde queda la providencia del alto tribunal que, por unanimidad, suspende cautelarmente (antes de cinco meses ratificará o rectificará) el proceso independentista apadrinado por la Generalitat y el Parlament.

Del otro, desobediencia civil como vía hacia la ruptura unilateral con España de una Cataluña partida en dos. Ahí es donde habita el sueño de Oriol Junqueras, que quiere ser el primer presidente de la república independiente de Cataluña.

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Y al aire lo que es del aire. El fraternal mensaje que dirigió Rajoy a sus pares ideológicos de la extinta CiU, depositarios con otro nombre del catalanismo moderado y burgués de toda la vida, ahora representado en Carles Puigdemont. Anteayer le pidió que huya de la CUP como el alma huye del diablo por no acabar en el infierno.

No cuela. Al menos mientras el 'president' se juegue el puesto en el envite de los Presupuestos de 2017. La luz verde del Parlament es clave en la continuidad del Govern. Luego, ya veremos. Pero eso depende de la CUP. Los mismos que hasta ayer escribían en las paredes su amenaza de no apoyar las cuentas oficiales de la Generalitat si no dimitía el consejero de Interior, Jordi Jané. Sus activistas ya le ahorcaron en sus pasquines por alinearse con la Justicia española en el caso de las injurias al Rey.

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Este brote de guerracivilismo entre partidarios de la desconexión catalana ha desaparecido con la providencia del TC hecha pública ayer. A petición del Gobierno (incidente de ejecución de sentencia admitido a trámite) y en aplicación del artículo 161 de la Constitución española, quedan suspendidas las resoluciones del Parlament (6 de octubre de 2016), por las que se encargaba al Govern la convocatoria de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña en septiembre de 2017 y, seis meses después, unas elecciones 'constituyentes'.

La providencia incluye el recuerdo de las responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir los máximos responsables institucionales de dichas resoluciones (Puigdemont y consejeros, Forcadell y miembros de la Mesa) si no cumplen con su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o desobedecer la mencionada suspensión.

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De nuevo el uso de los agravios como estimulantes del desafío secesionista. De nuevo el tramposo debate entre ley y democracia, como si fueran categorías separables. Y de nuevo la pesada atmósfera especulativa sobre una aventura llamada a estrellarse contra la realidad.

Servidas quedan las excusas suplementarias para calentar la cumbre secesionista del 23 de diciembre y, de momento, para aumentar los decibelios del arropamiento nacionalista a Carme Forcadell, cuando mañana comparezca ante el TSJC por haber ignorado o desobedecido decisiones similares del TC. Permitió que el Parlament votara las conclusiones de la comisión del 'proceso constituyente', como es sabido.