La 'murga' de la purga: incendio en la Fiscalía

Con su irrupción en el caso de las supuestas purgas en la Fiscalía, la presidenta andaluza, Susana Díaz, se declara pretendiente al trono de Ferraz. Confirmada su sed de liderazgo a escala nacional. Ya no necesitamos más pruebas. Basta son su denuncia pública del supuesto “atropello al Estado de derecho”, detectado en los relevos de la Fiscalía General del Estado.

Con unos u otros matices, respaldan tan gruesa acusación todos los partidos, excepto el PP. Con los mismos destinatarios: el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el Gobierno que lo nombró a él, también nuevo, formado por Rajoy a finales del año tonto de 2016. Y la misma denuncia de fondo. Se sugiere que el Gobierno y su partido están utilizando a la Fiscalía para ocultar la corrupción o suavizar el cerco judicial en los casos que les afectan.

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I. M.

Como elemento de convicción se aporta una “purga” de fiscales incómodos, con tendencia a actuar por su cuenta y desobedecer las instrucciones de sus superiores. O, mejor, con tendencia a resistir “presiones” políticas en su trabajo. Así cantan estos días los partidos de oposición y amplios sectores mediáticos la caída del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, y el fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.

Una ofensiva política en toda regla contra el Gobierno, el fiscal general y el ministro de Justicia, pero un tanto artificial. Mucha sobreactuación ante asuntos de trámite (renovación de 28 puestos de los 35 vacantes). Poca memoria respecto al viejísimo debate sobre el ser de la Fiscalía y su vínculo con el Ejecutivo en nuestro ordenamiento. Y ninguna prueba seria –solo presunciones–, de la relación causa-efecto entre los nombramientos y el trato de favor al partido en el poder.

La oposición reprocha al Gobierno el uso de la Fiscalía para esconder la corrupción o suavizar el cerco judicial a los casos que afectan al PP

La ofensiva se basa en los consabidos procesos de intención. Vale para una campaña electoral, no para el ordinario funcionamiento de las instituciones cuando las urnas han repartido cartas. Es lo que ha ocurrido. Que, una vez constituido, el Gobierno nombra a una persona de su cuerda como titular de la Fiscalía General del Estado. Y que a su vez el nombrado, con arreglo a la normativa vigente, nombra a personas su cuerda en los puestos claves de la institución.

Normal, previsible, lógico y conforme a lo legalmente previsto ¿O hemos olvidado cómo funciona una institución sometida a los principios de “unidad de criterio” y “dependencia jerárquica”? Así es su naturaleza legal. La controversia será recurrente y seguirá abierta mientras no cambien los términos fijados en el artículo 124 de la Constitución.

El poder siempre tendrá la tentación de instrumentalizar a la Fiscalía y la oposición siempre querrá ponerse la medalla de denunciarlo. Así que, llegado el caso, si las urnas los llevaran al poder, los partidos de la “nueva política” que ahora ponen el grito en el cielo, como Ciudadanos o Podemos, se conducirían igual que el Gobierno de Rajoy a la hora de nombrar al responsable de hacer carreteras, al de cobrar los impuestos o al de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”.

Optarían por los afines, sin preocuparse demasiado si la persona no acaba de dar el peso en capacidad, mérito y reconocimiento profesional. No parece que en esa materia se queden cortos los nuevos responsables de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; en Anticorrupción, Manuel Moix, y en la fiscalía superior de Murcia, José Luís Díaz Manzaneda.

El Gobierno nombra a una persona de su cuerda como titular de la Fiscalía General del Estado. Es un proceso previsible, normal y lógico

El otro partido de la “vieja política”, el PSOE, sí tiene bastante mochila como para retratarse en cuestiones de autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno de turno. Y si la memoria se nos echa encima será inevitable recordar a Eligio Hernández (1992-1994), aquel “pollo del Pinar” que veía al PSOE “a su derecha” mientras la oposición lo veía a él como el perro guardián de Felipe González. O a Cándido Conde Pumpido, partidario de que las togas se mancharan con el polvo del camino.

Sin embargo, pronto hemos olvidado que no hace mucho tiempo las cosas ocurrieron al revés. Me refiero al plante de Eduardo Torres Dulce frente al Gobierno que le hizo fiscal general a principios de 2012. Y a su consecuente dimisión casi tres años después, ante el actual ministro Catalá. La caída se camufló en “razones personales”. Pero hasta las piedras supieron que el Gobierno le reprochaba flojera en el desafío soberanista y falta de autoridad para fijar criterio en el caso Gürtel.

Los partidos de la "nueva política" que ahora ponen el grito en el cielo actuarían igual que el Gobierno a la hora de realizar estos nombramientos

Su alegato parlamentario del 26 de noviembre de 2014 fue muy tajante: “No tolero que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer”. Aun así, Torres Dulce tuvo que defenderse de las mismas acusaciones que ahora formulan PSOE, Podemos y Ciudadanos contra Maza. En aquella ocasión dijo también: “No se me puede acusar de ser un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Luís Bárcenas y solicito prisión para él”.

Si queremos una excepción en el estructural alineamiento político y funcional entre Gobierno y Fiscalía, ahí tenemos el ejemplo de Torres, que puso el dedo en la llaga al rebatir la doctrina Conde Pumpido (las togas manchadas con el polvo del camino). Lo hizo mirando a Moncloa y reprobando la tentación de “acompasar los tiempos de la política a los de la justicia”.

Fueron muy loables sus intentos por romper con la imagen de una Fiscalía a las órdenes del Gobierno de turno, como si fuese un brazo más del mismo. Y por airear una propuesta de alejamiento del poder ejecutivo y acercamiento al judicial, finalmente frenada por el ministro Gallardón.

Lo malo es que se rindió. De algún modo acabó traicionando lo que defendía: la autonomía de la institución. No quiso utilizar una herramienta legal que le hubiera reafirmado en sus posiciones. Me refiero a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal realizada en tiempos de Zapatero, en la que se eliminó la facultad gubernativa de cesar al fiscal general antes de terminar su mandato.