Corrupción y soberanismo, en el mismo reto

Al nacionalismo gobernante le ha entrado la prisa por romper cuanto antes con el Estado. Sueña con una república catalana donde se amontonen los intereses de Cataluña con los de los impulsores del viaje a ninguna parte. Me refiero a intereses no estrictamente patrióticos y ahora sometidos a la consideración de los tribunales judiciales.

A la conocida pasión catalanista de Pujol e hijos, calculada en millones de euros, se suma el escándalo de la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, ya eliminada del registro. Pero el blanqueo del nombre no ha borrado esa imagen bifronte que amontona épica y corrupción en los mismos circuitos informativos. Épica soberanista y corrupción en la política catalana por cuenta de los mismos protagonistas, alimentando la sospecha de que lo uno y lo otro van unidos. O mejor, lo uno viene a ser consecuencia de lo otro.

El minuto y resultado esperan en el Palacio de Justicia de Barcelona, donde se juzga el llamado caso Palau. La Fiscalía sostiene que, antes de su cambio de 'look', CDC, el partido de Pujol, de Mas, de Puigdemont, de Homs, mantuvo con la empresa Ferrovial un “acuerdo criminal” que permitió a la constructora adjudicarse obra pública a cambio de donaciones furtivas para la financiación del partido entre 1999 y 2009.

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A. Fernández. Barcelona

Las mordidas se canalizaban a través del Palau de la Música, según confirmó ayer el entonces presidente de la entidad, Fèlix Millet. Reconfirmado luego por la exdirectora financiera, Gemma Montull, hija de quien fuera mano derecha de Millet, Jordi Montull, cuya declaración prevista para hoy, previo pacto de conformidad con el fiscal, se espera más generosa en detalles sobre lo avanzado por su hija y su antiguo jefe.

Así de crudo: “Se ponían de acuerdo Convergència y Ferrovial. El detalle de las obras lo desconozco. Yo ahí no entraba ni salía. Ferrovial me daba el dinero y yo se lo pasaba a Convergència” (Millet). Ítem más: “Se utilizó a Ferrovial para pasar el dinero a CDC, pero yo no sabia que era para un tema de adjudicación de obra pública” (Gemma Montull).

Quedó en el aire la pregunta de si los altos cargos del partido estaban al corriente. Es la pregunta del millón para Jordi Montull, el padre de Gemma, que podría delatar a los dirigentes. Por aquel entonces, Artur Mas, que sigue liderando la CDC rebautizada (PDeCAT), ya había heredado al fundador, Jordi Pujol, cuya familia también arrastra la sombra negra de la corrupción en la fuerza política que impulsó el todavía vivo desafío al Estado español.

La irrupción del caso en la cuenta atrás hacia la consumación del desafío coincide con las prisas de sus valedores: Junts Pel Sí, la CUP y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont —compañero de partido de Artur Mas y su extesorero Andreu Viloca, ya señalados por un empresario en el caso del 3%—. Se entiende que el Govern busque en una tramposa reforma reglamentaria en el Parlament, un atajo que anticipe el choque de trenes entre la Generalitat y el Gobierno de la nación.

El cambio de imagen en CDC no ha servido para enterrar los casos de financiación ilegal del partido y otras derivadas de la corrupción

Deprisa, deprisa. Antes de que el Tribunal Constitucional pueda impugnar un texto guardado bajo llave. Antes de que la opinión publica coleccione las noticias judiciales que retratan a la fuerza impulsora del 'procés' como un nido de corrupción. Y, sobre todo, antes de que el jefe de Puigdemont, Artur Mas, pueda ser inhabilitado en otra causa judicial.

El cambio de imagen en CDC no ha servido para enterrar los casos de financiación ilegal del partido y otras derivadas de la corrupción que no cesa. Más bien está sirviendo para descubrir que la urgencia de ir ya al choque de trenes se corresponde con lo deprisa que está calando entre los ciudadanos de Cataluña la sensación de que son los gobernantes nacionalistas —municipales y autonómicos— quienes les estuvieron robando durante muchos años.