Los estibadores retratan la debilidad del Gobierno
Ahora, con una aritmética parlamentaria claramente hostil al PP, el aplazado problema se le viene encima en forma de asignatura pendiente. O mejor, en forma de espada de Damocles
El Reino de España se pasa una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el tacticismo de sus partidos políticos, más interesados en escenificar la soledad del Gobierno que en resolver el viejo problema de la estiba (carga y descarga) en los puertos españoles. Mensaje dañino para nuestros socios europeos, que nos veían como un inesperado ejemplo de estabilidad. Y dosis de recuerdo para que Mariano Rajoy no olvide lo que significa gobernar en minoría.
El 'no' innegociable de los socialistas suspende provisionalmente su connivencia con el Gobierno y marca distancias mientras dura la batalla por el trono de Ferraz. Y la abstención revisable de Ciudadanos encarece su papel de costalero. Solo en el caso del PNV el oportunismo favoreció el apoyo al decreto-ley. Los demás fueron de carril. Los escaños ex convergentes (Homs y compañía) están abducidos por el reto al Estado. Y en el populismo no existe la noción del "interés general".
Todo eso cuelga del varapalo del Congreso a la norma que trata de liberalizar el mercado de la estiba, controlado gremialmente en régimen de monopolio (SAGEP) por los propios estibadores, cuyo sueldo medio anual (unos 65.000 €) supera al de un médico, un catedrático o un investigador.
Así que seguimos en las mismas, bajo amenaza de la UE de sanciones millonarias si no se aplica el mandato liberalizador
La suma de votos del PP y el PNV (142 frente a 175 noes) no fue suficiente el jueves pasado para revalidar el decreto, que había entrado en vigor el 25 de febrero con sello de urgencia. Así que seguimos en las mismas, bajo amenaza de la UE de sanciones millonarias si no se aplica el mandato liberalizador. Y no se aplicará si antes no hay un acuerdo de los trabajadores con la patronal (Anesco) y el Gobierno.
"Falta de responsabilidad de la oposición", dicen a coro las voces de la Moncloa. Cierto. Aunque no están en condiciones de lavarse las manos. Y a nadie consuela este endoso de culpa con carácter retroactivo, si asumimos la afectación del interés general, no el del Gobierno, o el de tal o cual partido, como trataré de explicar.
Moncloa oculta interesadamente que no arregló este problema cuando pudo hacerlo con mayoría absoluta
Lo ocurrido es políticamente grave porque, más allá de retratar la debilidad del Ejecutivo, afecta de lleno a los intereses generales. Por el enorme peso de los puertos en la economía nacional. Por el riesgo cierto de perderlo a favor de otros (en Tánger se frotan las manos). Y porque, me temo, el dinero de todos los contribuyentes volverá a utilizarse por enésima vez para apagar un incendio laboral, en despidos incentivados y jubilaciones anticipadas O, en su caso, para costear la desidia de los gobernantes, en multas por incumplimiento de un mandato europeo, a razón de 134.000 euros diarios, más los 23 millones de euros de penalización acumulada desde que el Reino de España debió haber decretado, y no lo hizo, la liberalización de la estiba.
Moncloa oculta interesadamente que no arregló este problema cuando pudo hacerlo con mayoría absoluta. Y dejo de hacerlo también por puro tacticismo. Aunque es de diciembre de 2014 la sentencia del Tribunal de Justicia que tumbó la regulación de la estiba en España, se conformó con perezosas reuniones de perfil bajo entre Ministerio de Fomento, patronal y representantes sindicales a lo largo de 2015.
Con una aritmética parlamentaria claramente hostil al PP, el aplazado problema se le viene encima en forma de asignatura pendiente
Los estibadores no tenían prisa y el Gobierno optó por aparcar el problema y tener la fiesta en paz en un año cargado de elecciones. Ahora, con una aritmética parlamentaria claramente hostil al PP, el aplazado problema se le viene encima en forma de asignatura pendiente. O mejor, en forma de espada de Damocles. Caerá sobre nuestras cabezas si no hay un acuerdo entre las partes antes del 24 de marzo, fecha limite para convalidar el decreto so pena de que la UE haga efectivas las penalizaciones millonarias con cargo al bolsillo de los españoles.
La clave del acuerdo es el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y la del desacuerdo, el mantenimiento de los privilegios. Apostemos por un encaje feliz de lo social y lo político en las páginas del BOE. Todavía hay margen.