Venezuela, expropiada por el chavismo

Nicolás Maduro ha amordazado al Parlamento y a la oposición política al amparo del artículo 33, el de su real gana. Si no es un golpe de Estado, se le parece mucho

Foto: Manifestaciones en Venezuela contra la decisión del Tribunal Supremo venezolano. (EFE)
Manifestaciones en Venezuela contra la decisión del Tribunal Supremo venezolano. (EFE)

Si no es un golpe de Estado, se le parece mucho. Por más que el Gobierno de Nicolás Maduro invoque las previsiones del decreto que declaró el estado de excepción en mayo de 2016. Reventar el dogma civil de la separación de poderes no se contempla ni de lejos. Atentar contra él es incurrir en “varias violaciones del orden constitucional” y desconocer “el modelo de Estado consagrado en la Constitución”.

El entrecomillado se corresponde con la reacción pública de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, casualmente adscrita al chavismo. Eso indica hasta qué punto el presidente del país ha amordazado al Parlamento y a la oposición política al amparo del artículo 33. El de su real gana. Es la verdad escondida tras un aparente choque entre dos instituciones: el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional.

Los estados de exepción en ningún caso justifican la confiscación del órgano depositario de la voluntad popular en favor del Ejecutivo

En situaciones de emergencia los estados de excepción suspenden temporalmente el ejercicio de ciertos derechos ciudadanos. Pero en ningún caso justifican la confiscación del órgano depositario de la voluntad popular en favor del Ejecutivo. Si la situación de emergencia se hace persistente (inseguridad, escasez, pobreza, corrupción, enfrentamientos civiles, etc), el poder ejecutivo da un paso atrás y deja en manos del pueblo la posibilidad de encontrar una salida. O sea, convoca elecciones para revalidarse o para que el poder cambie de signo.

Son los usos y costumbres del régimen democrático. Pero quienes han prestado oídos a la alternativa de las urnas, sugerida por la OEA (Organización de Estados Americanos), son tachados de “traidores a la patria” por el chavismo. Esa reacción descubre la impregnación golpista del Gobierno de Maduro. Se reconoce en la obscena expropiación de las instituciones por parte de una facción política. Golpista en origen, por cierto. La que lidera el sucesor de Hugo Chávez, cuya representación parlamentaria es claramente minoritaria (55 diputados del bloque “bolivariano”, frente a la representada por las fuerzas sindicadas en la MUD (112 de la Mesa de la Unidad Democrática).

La cúpula del Poder Judicial es la que se permite retirar la inmunidad parlamentaria de los diputados o asumir las competencias de la Asamblea

Esa escandalosa desventaja oficialista ha sido compensada por Maduro en una descarada instrumentación del Tribunal Supremo, mediante el nombramiento de magistrados afines. Y es justamente esta institución, la cúpula del Poder Judicial, presidida por un magistrado con antecedentes criminales (Maikel Moreno), la que se permite retirar la inmunidad parlamentaria de los diputados o asumir las competencias de la Asamblea. Como la elaboración de las leyes o el control al Gobierno. Así Maduro cierra el bucle golpista quedándose con el control de sí mismo y el poder de legislar a su capricho.

Como si no tuviera bastante con la famosa 'Ley Habilitante'. Nada que envidiar del absolutismo de los monarcas del Antiguo Régimen. Solo una diferencia. Donde aquellos ponían a Dios (por encima de ellos, solo la ley divina) Maduro pone al pueblo. Pero el pueblo venezolano no está para estériles debates sobre el golpismo-populismo de unos gobernantes desbordados por el malestar de la ciudadanía.

Hay otra sombra negra más alarmante, me refiero al llamamiento que la oposición, por boca del propio Borges, ha hecho a las Fuerzas Armadas

Nada bueno puede salir de las movilizaciones convocadas por la oposición en las calles de Caracas, una de las ciudades con mayor propensión a la violencia de todo el mundo. La crispación se ha disparado en las últimas horas, después de que el pasado jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rompiera públicamente la resolución judicial del Tribunal Supremo que despojaba de sus poderes a la Cámara y, de facto, incapacitaba a la oposición política.

Hay otra sombra negra más alarmante en el incierto horizonte de un país vinculado a España por lazos humanos, empresariales, históricos, culturales. Me refiero al llamamiento que la oposición, por boca del propio Borges, ha hecho a las Fuerzas Armadas para que deje de mirar hacia otro lado y se implique en la solución a los graves problemas de Venezuela.

Si hacemos memoria del historial en “soluciones militares” a los problemas políticos y sociales de los países latinoamericanos, casi preferimos hacer como si no hubiéramos oído el emplazamiento a una casta militar que, como el resto de los venezolanos, también sufre los rigores del desabastecimiento, la inseguridad, el hambre y la corrupción. Precursores del incendio político y social de que se avecina en un país sumido en el caos.
Al Grano

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