Cicerón en Moncloa, ¿hasta cuándo, Puigdemont?

Bien traído Cicerón al Palacio de la Moncloa por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Debidamente actualizada, claro, la primera catilinaria, “Quosque tandem abutere, Puigdemont, patientia nostra?”, mientras el independentismo toma la calle y el Estado refuerza el muro de la legalidad.

Nuevos pasos adelante en el desafío, con la tramposa y plañidera carta del presidente de la Generalitat al 'Washington Post' y el salto de la “guerra de Cataluña” a los medios de comunicación de todo el mundo. Al otro lado de la barricada, un paso más en la respuesta judicial del orden vigente.

La amenazada autoridad del Estado tiene algo que decir sobre las movilizaciones “tumultuarias” de las últimas horas. La palabra la pronunció ayer el ministro portavoz, Méndez de Vigo, advirtiendo de que entra en juego el tipo penal de la sedición. La Fiscalía lo está contemplando por si encaja en la conducta pública de quienes tratan de impedir “por la fuerza o fuera de las vías legales” la aplicación de leyes o “resoluciones administrativas o judiciales” de forma “tumultuaria”.

Se castiga con penas de entre 10 y 15 años de cárcel. Lo dice el artículo 544 del Código Penal. Algo bastante más grave que pasarse un semáforo en rojo o alinearse con Nicolás Maduro y Arnaldo Otegi en la denuncia del represivo Estado español. Es la espada de Damocles que pende ahora sobre los ciudadanos catalanes que en las últimas horas, sin que Puigdemont y Junqueras hayan hecho nada por impedirlo, han llevado a la calle sus ataques de contrariedad porque las cosas no transcurren como habían previsto.

Lo cual no ha frenado las movilizaciones. Al revés, ha servido para alimentar el discurso del agravio en el bando de los insumisos, mientras en el otro nos enzarzamos en la bizantina discusión sobre el umbral de la mano dura o la proporcionalidad de la respuesta en evitación de males mayores.

Quienes censuran las actuaciones policiales (en realidad son judiciales) aportan la revuelta estudiantil, las caceroladas y las movilizaciones callejeras como prueba de que la respuesta del Estado está siendo excesiva ¿Acaso sería mejor bajar los brazos frente a quienes se sitúan fuera de la ley tras inventarse una fuente de poder atropellando las reglas de juego democrático?

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Ha crecido como una mala hierba el argumento de que la dureza de la respuesta al jaque separatista multiplica el número de separatistas. Puede ser. Y puede ser que no. En el drama catalán, cuya tensión narrativa sigue aumentando, en la calles, en las familias, en los puestos de trabajo, en los bares, la razón ha sido taponada con cuentos, perseguida y ultimada. Imposible razonar sobre los hechos de las últimas cuarenta y ocho horas.

Solo queda margen para apostar sobre el desenlace. Sin más valor que el de una apuesta. Esta es la mía: referéndum fraudulento, recuento fraudulento y fraudulenta proclamación de la república catalana, que vendría a ser como si se proclamase la inmortalidad de los crustáceos y, ante eso, poco cabe hacer. Luego, inmediata convocatoria de elecciones autonómicas que los independentistas querrán llamar “constituyentes”.

Sobre lo que puede ocurrir en Cataluña no cabe razonar sino apostar. Se cruzan los temores con los deseos y eso va por barrios

La esperanza es que, ante el nuevo reparto de cartas, tras unos comicios que formalmente serán autonómicos, ya sí, con la calma recuperada, se pueda volver al diálogo. Tal vez, sobre la vía abierta en el Congreso por el PSOE, con apoyo de PP y Podemos, que propone un nuevo encaje de Cataluña en el marco de una revisión del título VIII de la Constitución (modelo territorial).

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Insisto: sobre lo que puede ocurrir en Cataluña no cabe razonar sino apostar. Se cruzan los temores con los deseos y eso va por barrios. En mi barrio hacemos memoria de lo ocurrido no hace mucho tiempo cuando el País Vasco ardería por los cuatro costados si se legalizaba a Herri Batauna o, algo más tarde, si el Estado se atrevía a meter en la cárcel a Arnaldo Otegi.