Pacto del 155: el rescate de Cataluña

Es el recurso constitucional para defender al Estado de un grave atentado contra el interés general perpetrado por un gobierno autonómico. El catalán en este caso

Foto: Rajoy defiende su obligación de actuar en Cataluña frente a una situación límite. (EFE)
Rajoy defiende su obligación de actuar en Cataluña frente a "una situación límite". (EFE)

Los tres grandes partidos de inequívoco compromiso con la legalidad y la Constitución (PP, PSOE y Ciudadanos) han concertado con el Gobierno el rescate de Cataluña antes de que Puigdemont y sus falanges políticas, mediáticas y callejeras la conviertan en un erial.

Ha nacido el pacto del 155. Es el recurso constitucional para defender al Estado de un grave atentado contra el interés general perpetrado por un gobierno autonómico. El catalán en este caso. Consiste en obligarle a hacer sus deberes, ante los daños que el desafío secesionista está causando a la convivencia social y al tejido económico de la Comunidad.

Sus deberes: cumplir la ley, hacerla cumplir y proteger el mencionado interés general. Tan simple como eso. Sobre un diagnóstico claro, firme, bien argumentado y extendido dentro y fuera de Cataluña.

Tras el memorable puñetazo en la mesa del Rey el pasado 3 de octubre, no hace falta mencionar su celebradísimo discurso de anoche en Oviedo sobre el “inaceptable intento de secesión”. Los independentistas y sus extravagantes compañeros de viaje (sí, sí, me refiero a Iglesias Turrión y su incómoda colega, Ada Colau) dirían que se lo ha dictado Rajoy. Escuchen entonces a Antonio Tajani. ¿Habrán tomado nota de los mensajes del presidente del Europarlamento sobre quienes esperan premio por situarse fuera de la ley? Impresionantes las cargas de razón que Tajani arrojó anoche contra los que creen que respetar el Estado de derecho es una opción y no una obligación.

Pacto del 155: el rescate de Cataluña

También lo tienen claro, afortunadamente, los tres partidos que forman una apisonadora constitucional en el Congreso. Los resultados de un referéndum ilegal y sin garantías no pueden avalar una declaración unilateral de independencia sin cabida en el Derecho nacional ni en el Derecho internacional. El proceso soberanista se ha situado fuera de la ley. El Estado tiene la obligación de defenderse, y si no hiciera lo que va a hacer, el principio de autoridad habría quedado herido de muerte en una España desguazada y sin autoestima.

Impresionantes las cargas de razón que Tajani arrojó contra los que creen que respetar el Estado de derecho es una opción y no una obligación

Son las bases de la sindicación forjada estos días en la Moncloa con los dirigentes del PSOE y de Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, con el fin último de restablecer el imperio de la ley en Cataluña. Exactamente eso, según el ultimátum del Gobierno al bloque soberantista pilotado por Puigdemont para que volviese a la legalidad antes de las 10.00 del jueves.

Dicho sea en relación con el estúpido bucle en el que algunos analistas se han enredado. Absurdo, irracional y surrealista, como todo lo que ocurre en torno al 'procés'. Consiste en presentar a Rajoy amenazando con el 155 si Puidgdemont declaraba la independencia y a Puigdemont amenazando con la independencia si Rajoy aplicaba el 155.

El Estado tiene la obligación de defenderse, y si no hiciera lo que va a hacer, el principio de autoridad habría quedado herido de muerte en España

Lo real y verdadero es que el Gobierno, en pleno subidón por el arropamiento europeo a la democracia española escenificado anoche en la solemnidad de los premios Princesa de Asturias, activará hoy mismo la respuesta del Estado a la flagrante situación insurreccional del Govern. Pero no exactamente para evitar 'in extremis' una declaración de independencia, que el Govern o el propio parlamento siempre podrán proclamar a efectos “declamatorios” en nombre del artículo 33. El de su real gana.

No. Las medidas que hoy prepara el Gobierno, al amparo el artículo 155 y cubriendo los pasos previstos en el mismo tratan de “restaurar la legalidad y el orden constitucional en Cataluña”, según un comunicado de la Moncloa. Incluida la absurda pretensión de romper con España al margen de la ley, por supuesto.

En cuanto a las competencias a intervenir por el Gobierno del Estado, vayan ustedes dándole vueltas a tres competencias clave en orden al fin perseguido. Una es la de los Mossos d' Esquadra (por cierto, no estatutaria, sino delegada). Otra es el control de la televisión pública (probablemente la más discutida en el pacto del 155). Y una tercera, atención, la capacidad de convocar elecciones (la de mayor alcance político porque plantea una recomposición del mapa electoral en Cataluña).

Al Grano
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