Las justicias belga y española abren la campaña del 21-O

La campaña para las elecciones más raras de nuestra reciente historia (“atípicas”, según un diario de tirada nacional) comienza oficialmente mañana. Ya es raro que las convoque Moncloa siendo autonómicas y que se celebren en jornada laborable con la banda sonora de las fiestas navideñas. Pero más raro es que la pegada de carteles se traslade a los juzgados.

Las circunstancias han encomendado el arranque de la campaña a la Justicia belga, que hoy formará criterio sobre si procede o no la detención y entrega de Puigdemont y cuatro 'exconsellers'. Y a la Justicia española, representada en el juez Llarena, llamado a decidir si procede o no excarcelar provisionalmente a Oriol Junqueras y otros siete 'exconsellers', amén de los dos Jordis de apoyo civil a la concertación contra el Estado.

El matiz viene después. De los 15 empapelados, 10 en prisión provisional y cinco de turismo vigilado en Bruselas, 12 son candidatos a ocupar escaño en el próximo Parlament. Todos menos Forn, Borràs y Cuixart. Detalle muy relevante, porque las decisiones del juez Llerena (lo sabremos hoy) y las de la Cámara del Consejo en Bruselas (se sabrá más adelante) condicionarán la marcha de la campaña con toda seguridad.

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Puigdemont y los cuatro 'exconsellers' fugados presentan hoy sus alegaciones, basadas en la supuesta falta de garantías para un juicio justo en un Estado, según ellos, poco respetuoso con los derechos humanos. Sin embargo, en Moncloa creen que por mucho que sus abogados fuercen la letra pequeña para alargar el trámite, la detención y entrega de Puigdemont y su escolta de 'exconsellers' va a ser irremediable.

Sería después de la jornada electoral del 21-D, aunque no se descarta que Puigdemont y sus acompañantes decidan presentarse antes por sorpresa con la intención de canjear en las urnas su seguro encarcelamiento al pisar suelo español. Cárcel por votos. Nada sorprendente en una mente desnivelada como la del muy poco honorable expresidente de la Generalitat.

El entorno de Rajoy solo contempla la hipótesis que emana de la política europea en materia judicial

En el entorno de Mariano Rajoy solo contemplan la hipótesis que emana de la política común europea en materia judicial. Además, hay coincidencia de figuras delictivas de la legislación belga con la española. Las que hacen al caso, claro. Básicamente, las de conspiración y malversación (no la de prevaricación). La similitud en malversación de fondos públicos es indiscutible, a la vista de los respectivos códigos penales. En cuanto a la rebelión, que pesa sobre todos los investigados por el 'procés', aparece en el artículo 104 del Código belga como un “intento de destruir o cambiar la forma de Gobierno”.

No obstante, el fiscal de la causa, que defiende la posición española, favorable al cumplimiento de la euroorden, se remite al delito de conspiración (artículo 109), que viene a ser una concertación para cometer el de rebelión. Aunque el paralelismo parece claro, la descripción del tipo no acaba de encajar.

Sí encaja al cien por cien el de malversación, pero nadie quiere aceptar el absurdo de que se concediera la entrega a España para que Puigdemont y los suyos fueran juzgados solo por malversación mientras se juzgaba por rebelión a Junqueras y el resto de los no huidos. ¿Solo porque un día no hicieron un viaje furtivo a Bruselas? Sería un disparate.

Respecto a lo que hoy podemos saber sobre la excarcelación, o no, de Junqueras y los otros nueve encarcelados cautelarmente en su día por la jueza Lamela de la Audiencia Nacional, me remito a mi comentario anterior ("El juez, el derecho de sufragio y la reiteración delictiva").