Los muertos no gobiernan (políticos, se entiende)

La Justicia, la política y los medios lo van diciendo. Los muertos no gobiernan. Y el 'expresident' Carles Puigdemont es un muerto. Un muerto político, claro, abocado a la cárcel, la inhabilitación o el destierro voluntario.

Solo podría presidir un Govern de ultratumba. De caminantes blancos, esas criaturas de hielo que existen al otro lado del muro de la razón. Razón perdida en larga y penosa representación de la farsa, cuyo mayor éxito ha sido la irrupción de Tabarnia, una farsa construida a imagen y semejanza de la otra. Eso sí, en nombre del sacrosanto derecho a votar la frontera y el marco de convivencia que decidan los pobladores de un determinado territorio.

Liderados por un farsante profesional como Albert Boadella, a diferencia de Puigdemont y compañía, que son unos aficionados, los separatistas de Tabarnia se han venido arriba en ocupación de espacios mediáticos, internacionalización del conflicto y el efecto balsámico de su reto al esencialismo nacionalista. Cierto que les han echado una mano los chirigoteros (grande esa universidad del ingenio que son los Carnavales de Cádiz) y las señales de que los hacedores del 'procés' ahora le dan a 'cancelar'.

Una excepción: la de Puigdemont. Como vive en la reiteración delictiva permanente, es carne de presidio en lo judicial. En lo político se ha convertido en un molesto tapón para los planes de sus costaleros aparentes, ERC y PDeCAT, que compiten en su común afán de recuperar el poder, desactivar el 155, no pisar la cárcel, librarse de la capacidad extorsionadora de la CUP, evitar una repetición de las elecciones y volver a la política de las cosas. Doctrina compartida por Junqueras y Pascal, aunque de momento son rehenes de absurdas pretensiones respecto a una investidura a distancia o por persona interpuesta.

Es el punto de bloqueo en todas las quinielas frente a la pregunta de si los dos líderes nacionalistas estarían dispuestos a desafiar la legalidad vigente hasta el punto de forzar una nueva reacción del Estado. Mi apuesta es que no. Me baso en las buenas señales que siguen apareciendo en el horizonte inmediato de la política catalana. No las que pueden verse desde Bruselas porque, como todo el mundo sabe, allí la niebla no deja ver el sol.

ERC se ha comprometido a apoyar su investidura en el bien entendido de que será presencial, una vez advertidos por los letrados del Parlament

Me refiero, sobre todo, a las que se emiten desde ERC, que es la fuerza decisiva en el ser o no ser de Puigdemont como presidente 'legitimo' que fue indebidamente destronado por Rajoy. Y el caso es que ese partido se ha comprometido a apoyar su investidura en el bien entendido de que será presencial, una vez advertidos por los letrados del Parlament de que plasma o persona interpuesta no encajan legalmente en el templo de la palabra, el contraste, las votaciones y el debate con generosa publicidad.

Ergo, apoyarle, sí, pero no incurrir en reiteración delictiva porque sus dirigentes ya han sabido lo que es la cárcel y no están por seguir dando motivos al 155, como hace unos días explicaba con toda claridad el diputado Joan Tardà.

Hay otras señales más recientes. Este fin de semana, por ejemplo, saltó a los circuitos mediáticos y políticos la advertencia del republicano Ernest Maragall contra quienes tratan de poner sus intereses personales por encima de la causa común. Pero más significativas son las que cuelgan de la inesperada moderación del 'radical' Roger Torrent, el presidente de la Mesa del Parlament, con claros llamamientos a la conciliación y la normalidad institucional.

Su mesura queda verificada en su decisión de no acudir a Bruselas a encargar la investidura a Puigdemont y en el cabreo de la CUP, que ha visto un insoportable tufo “autonomista” en el discurso de Torrent. No olvidemos que la CUP fue una muleta del 'procés'. Ahora anuncia que dejará de serlo si no se cumple el mandato democrático de avanzar en la construcción de la república por la vía de la desobediencia y la unilateralidad.