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El escarmiento del Estado y la barricada lingüística
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Antonio Casado

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El escarmiento del Estado y la barricada lingüística

Hasta las piedras de la Sagrada Familia saben que el nacionalismo catalán utiliza la lengua como elemento de cohesión 'nacional' en el proceso educativo. Está en su naturaleza

Foto: Íñigo Méndez de Vigo y Álvaro Nadal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se ratificó la defensa del castellano. (EFE)
Íñigo Méndez de Vigo y Álvaro Nadal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se ratificó la defensa del castellano. (EFE)

El Gobierno tira la piedra y esconde la mano. Como depositario provisional del autogobierno de Cataluña, se compromete a garantizar el uso del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, junto al catalán. Incluso ya para el curso que viene. Pero no explica cómo piensa hacerlo. El anuncio de Moncloa, ratificado en el Consejo de Ministros del viernes, ha conseguido dos interesantes efectos colaterales.

Por un lado, abre una vía de apremio entre los independentistas, justo ahora que el Estado se ha venido arriba. Si no se apresuran en la formación de un Gobierno 'efectivo', Mariano Rajoy les puede reventar el modelo de inmersión lingüística, que es su obra predilecta.

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas. (EFE)

Por otro, siembra la discordia en las filas del PSOE, ya de por sí cuarteadas desde la vuelta de Sánchez. Es doctrina oficial que el 155 no debe servir para tocar una viga maestra del autogobierno. Discútase cuando Cataluña lo recupere —se dice—, no ahora, con un 'conseller' llamado Íñigo Méndez de Vigo. O sea, discrepancia de oportunidad, no de fondo. Argumento de patas cortas sabiendo que el PSC de Iceta y la presidenta balear, Francina Armengol, defienden y defenderán el actual modelo.

El anuncio de Moncloa por la equiparación del castellano apremia a los independentistas a formar Gobierno y siembra la discordia en el PSOE

Lo cual no ha impedido que otros 'barones' socialistas denuncien las “barricadas lingüísticas” (Fernández Vara) o defiendan que el castellano sea vehicular, como manda la ley. Quien mejor lo ha expresado es el presidente aragonés, Javier Lambán, al hablar del castellano como “lengua ilegal e injustamente postergada”. En mi opinión, acierta plenamente al reclamar que “el Estado regrese a Cataluña en materia de educación, antes de que el problema se haga irresoluble”.

Eso es dar en el clavo. Y me explico.

Hasta las piedras de la Sagrada Familia saben que el nacionalismo catalán utiliza la lengua como elemento de cohesión 'nacional' en el proceso educativo. Está en su naturaleza. Como el descaro del sablista, los trucos del mago o el picotazo del escorpión. Y quien lo niegue se está haciendo trampas en el solitario.

“Solo una educación en la lengua común proporciona la unidad ideológica que convierte al individuo en ciudadano obediente a la voluntad nacional” (Anthony D. Smith)

No hace falta recurrir al sociólogo británico Anthony D. Smith (1939-2016), creador de la corriente etnosimbolista como estudioso de los nacionalismos contemporáneos. Por si acaso, lo cito: “Solo una educación basada en la lengua común puede proporcionar la unidad ideológica y social necesaria para convertir a los individuos en ciudadanos obedientes a la voluntad nacional”.

En eso está el nacionalismo catalán desde que en 1990 el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, encargó a un grupo de intelectuales la 'Estrategia de la catalanización'. Los capítulos centrales del documento se dedican al uso predominante de la lengua catalana en la enseñanza, el pensamiento, la universidad, la investigación y los medios de comunicación.

Apostar por una mayor presencia del Estado da a entender que se ha aprendido de los errores. El escarmiento ya se plasmó en la intervención de la Generalitat

Lo ocurrido hasta la república independiente del 27 de octubre, fallida por aplicación del 155, se ve desde la orilla no nacionalista del conflicto como efecto indeseable de la incomparecencia del Estado. El diagnóstico no puede estar más vigente. Apostar por una mayor presencia es la forma de dar a entender a este lado de la barricada política y mediática que el Estado ha aprendido de sus errores. El escarmiento ya se plasma en la intervención de la Generalitat, decretada pocas horas después de que el Parlament declamase la desconexión con España.

Sobre este telón de fondo anunció Moncloa que va a cumplir el mandato constitucional de que el castellano sea tan lengua vehicular como lo es el catalán. Para que la diversidad lingüística sea de verdad objeto de “especial respeto y protección”, teniendo en cuenta que lo que hasta ahora ha gozado de especial respeto y protección no es la diversidad lingüística sino la preeminencia del catalán, en clamoroso y reiterado desprecio de la doctrina del Tribunal Constitucional y las sentencias judiciales. A mi juicio, claro.

El Gobierno tira la piedra y esconde la mano. Como depositario provisional del autogobierno de Cataluña, se compromete a garantizar el uso del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, junto al catalán. Incluso ya para el curso que viene. Pero no explica cómo piensa hacerlo. El anuncio de Moncloa, ratificado en el Consejo de Ministros del viernes, ha conseguido dos interesantes efectos colaterales.

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