Juez Llarena: el malo de la película independentista

Tras el segundo aplazamiento del pleno de investidura, por falta de autorización judicial para que el encarcelado candidato, Jordi Sànchez, pudiera llevarla a cabo presencialmente, el separatismo sigue mareando la perdiz. Ahora, en nombre del derecho de participación política, supuestamente vulnerado por el juez y el Gobierno. Dos caras del mismo “Estado represor”, según el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que este fin de semana triunfó por plasma en un acto nacionalista celebrado en Vilafranca del Penedès.

La misma excusa reanimó ayer a miles de catalanes invitados por la ANC a insistir en la necesidad de formar un Gobierno que avance hacia una real y no simbólica república independiente. O sea, que miles de independentistas dieron la razón al juez Llarena en las calles de Barcelona. Se acredita así el riesgo de reiteración delictiva que entrañaría la libertad provisional de Sànchez, que pilotó la trama civil del golpe al frente de la ANC.

Ayer, miles de catalanes convocados por la ANC, por la republica catalana (reiteración delictiva), dieron la razón al juez en las calles de Barcelona

Por eso sigue en prisión provisional. En aplicación de las medidas cautelares dictadas por presuntos delitos de rebelión y otros. Y por eso el juez Llarena denegó el viernes la excarcelación. Para evitar que un eventual salto de Sànchez al Parlament y al Govern le sitúe en puestos de poder político que en su día dieron lugar a “actuaciones claramente ilegales”.

Al juez Llarena le han convertido en el malo de la pesadísima película independentista. El fantasma de Waterloo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el propio Sànchez a través de sus abogados acusan al juez Llarena de no respetar el resultado del 21-D. No paran ahí. También le acusan de violar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 21), el Convenio Europeo de DDHH (art. 3 del protocolo adicional número uno) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25), en materia de participación política.

Habían anunciado que hoy mismo recurrirían ante la ONU y ante el Tribunal de Estrasburgo. Quisieron haberlo hecho el viernes pasado, pero cuando recibieron el auto denegatorio del juez ya habían cerrado por fin de semana los registros. Dicen actuar en defensa del derecho de Sànchez a ser investido porque le habilita la falta de sentencia firme. Y se aferran a la posición oficial del 'sindic de Greuges' de Cataluña (defensor del Pueblo), Rafael Ribó. Según él, la denegación del permiso judicial para asistir a la propia investidura “vulnera los derecho de participación política del diputado y de toda la ciudadanía de Cataluña”.

Puigdemont, Sànchez y Torrent acusan a Llarena de violar los convenios de derechos humanos en materia de participación política

De momento se han quedado en recurso de Sánchez ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Más palos de ciego, en mi opinión. Por mucho que traten de presentar al juez Llarena como subalterno ocasional de un Estado represor. A veces, con la más o menos consciente colaboración de los medios informativos: “El juez impide…”, “Llarena impide…". El juez no impide nada. Lo impiden la CUP y quienes no quieren volver a la normalidad. El juez se limita a mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza por la gravedad del delito y el riesgo de reiteración, sobradamente acreditado, como se está viendo.

Ningún derecho es absoluto. Todos están sujetos a limitaciones. Unos son de fondo. El derecho de participación política requiere respeto a otros del mismo rango y garantías institucionales que aseguren la independencia de quien debe tutelarlos. Puigdemont, Torrent, Ribó y Sànchez olvidan la “potestad jurisdiccional”. Un fuero cosido a jueces y magistrados en ejercicio de su función en un sistema de separación de poderes. El CGPJ debería frenar los ataques a la actuación del juez Llarena. No descarto que el propio juez acabe reclamando el amparo del Consejo a la luz del artículo 14 de la Ley del Poder Judicial.

El CGPJ debería frenar los ataques a la actuación jurisdiccional del juez Llarena. El propio juez puede reclamar amparo a la luz del artículo 14 de la LOPJ

Otras limitaciones al derecho de participación política son reglamentarias (incompatibilidades, inhabilitación, prohibición de presentarse por segunda vez, etc.). Y algunas, de puro sentido común. El derecho de libre circulación es sagrado, pero no lo podrás ejercer si el pasaporte no está en regla. ¿Libertad de tránsito? Claro, pero has de parar con el semáforo en rojo. ¿Libre expresión de ideas, escritos y opiniones? Naturalmente, pero puedes ir a la cárcel por calumniar a alguien.