La Europa desmentida y el caso Puigdemont
Golpe a la euroorden, fruto visible del espacio común policial y judicial, clave de la construcción europea. Buena noticia para el euroescepticismo
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Lo ocurrido pone al juez Llarena en un dilema maldito. O retira la orden de detención (Puigdemont, otra vez "puto amo") o asume el dictado de la justicia alemana (se cumplimenta la orden solo por malversación de fondos). En ambos casos queda cuestionada la Justicia española, se lastima el principio de soberanía nacional y se nos pone cara de tontos a quienes creíamos que en Alemania se terminaría la broma.
La soberanía nacional supone capacidad de gobernarse, legislar e impartir justicia según leyes y procedimientos propios. No según leyes, procedimientos e interpretaciones de países terceros que olvidan su pertenencia a un espacio común. Ese olvido debería ser valorado por el Tribunal de Justicia de la UE, y en eso está el juez Llerena, como ya informó El Confidencial.
El caso Puigdemont no viene de robar gallinas o saltearse un semáforo en rojo, sino de violar el orden jurídico y acaudillar la independencia en una parte del territorio nacional. Pero este tribunal germano espera que los jueces españoles no se lo tengan en cuenta, salvo en la malversación. Así el fallo de la Audiencia del 'land' germano de Schleswig-Holstein, que niega la entrega de Puigdemont a la Justicia española por el delito de rebelión, infla las velas del euroescepticismo.
Europa se desmiente a sí misma. Un golpe a la euroorden, como fruto visible del espacio común policial y judicial, clave a su vez del avance hacia la construcción europea. Consiste en dar por buenas las decisiones de un Estado asociado y amigo. No es aceptable que la Justicia de un tercer país le diga a la española como tiene que aplicar el Código Penal.
Decía ayer el ministro portavoz, Méndez de Vigo, que España respeta decisiones judiciales y no saca consecuencias. Pues debería, porque lo ocurrido revienta la doctrina oficial de la UE. La Comisión ya no puede quedarse en el respeto a la legalidad española y el carácter interno del conflicto. En esto sí tienen razón los catalanes secesionistas. Es asunto europeo. No el amparar una ofensiva secesionista, como ellos quisieran, sino el de juzgarla con arreglo a las leyes españolas en el marco de la cooperación judicial europea.
Se da el principio de doble incriminación. Pero hay discrepancia sobre la calificación del delito de rebelión. Y discrepancia sobre el riesgo de fuga
Europa tiene un problema si se cuestiona la cesión de soberanía. Su cimiento se resiente en un fallo judicial cuya consecuencia inmediata viene a rebatir, desdeñar, anular o modificar una decisión concreta tomada por los jueces de otro Estado en el uso de poder jurisdiccional. El sueño de la Europa unida se desvanece si los espacios comunes, pensados para la leal cooperación entre socios y amigos devienen en papel mojado y al final vuelven a marcarse las fronteras policiales y judiciales.
La referida instancia judicial de Schleswig-Holstein (no Merkel, no el gobierno federal, no la fiscalía, ni siquiera la justicia federal alemana en instancias de mejor criterio) ha relativizado su compromiso de confiar en la justicia española, aunque ambos códigos penales coinciden en el supuesto delictivo de rebelión. Aplicable en España a quienes se alzaren de forma "violenta" y "pública" contra el orden constitucional o "declarar la independencia en una parte del territorio nacional”. Aplicable en Alemania a quienes se alzaren de forma violenta para "separar una parte del Estado" o "cambiar el orden constitucional".
No falla el principio de doble incriminación. Está clarísimo, como se ve. Pero hay discrepancia mayor sobre la calificación del delito principal (rebelión). Y discrepancia menor sobre el riesgo de fuga. El tribunal regional, además, entiende que Puigdemont no es un perseguido político. Pero en el supuesto delictivo de rebelión, sobre el que pesa la orden de detención y entrega cursada por la Justicia española, no se da el componente violento ni la consumación de la amenaza.
Son las dos objeciones de la negativa a entregar a Puigdemont por el delito de rebelión. Suponen doble muestra de desconfianza en la justicia española. Y ponen en cuestión su capacidad técnica para valorar una conducta presuntamente delictiva y juzgarla al menos con las mismas garantías procesales que ofrecería la justicia alemana.
Ese es el fondo de la cuestión, por muchas vueltas que le demos.
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