El viernes y 13 del candidato Sànchez

Mañana, viernes y 13, cita en el Parlament. Segundo intento de convertir en ‘molt honorable president de la Generalitat’ a Jordi Sànchez, presunto responsable —entre otros— de la trama civil de un golpe de Estado 'posmoderno' contra la legalidad vigente. Será una investidura tan fallida como fueron la de Puigdemont (30 enero), la del propio Sànchez (10 marzo) y la de Jordi Turull en segunda votación (22 marzo). Por falta de presencialidad en los tres casos.

El requisito es de obligado cumplimiento a la luz del reglamento, la Ley de Presidencia, el dictamen de los letrados y la doctrina del Tribunal Constitucional. Solo un permiso judicial lo haría posible, por la condición de preso preventivo del candidato. ¿Podría el juez Llarena concederlo a petición ya cursada del interesado? Si no se lo concedió a Turrull en segunda votación, detenido después de la primera, lo previsible es que lo niegue.

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Basta atenerse al auto de procesamiento y resoluciones anteriores. A saber: “El desafío solo está puntualmente larvado y podría volver a repetirse”. Sobre esa base argumental se formula el peligro de reiteración delictiva que el magistrado ha señalado al denegar la excarcelación de unos y ordenar el encarcelamiento de otros. Los acontecimientos de las últimas semanas alimentan la sospecha y oscurecen el horizonte judicial de los 25 procesados (nueve de ellos en prisión).

En el caso de Sànchez, encarcelado desde el 16 de octubre por presunto delito de sedición, el peligro de reiteración delictiva (“pueden reproducirse actos con irreparables consecuencias para la comunidad”) se multiplicaría si fuese elegido. Sin ser candidato ya topó con la negativa de Llarena a excarcelarlo (junto a Cuixart, Junqueras y Forn), porque “en Cataluña aún concurren sectores defendiendo explícitamente que debe lograrse la independencia de manera inmediata e ilegal”.

El candidato ausente de mañana vuelve a las andadas después de anunciar que renunciaba al acta en su anterior investidura fallida. Se explica por un triple chute de adrenalina: la movilización callejera de los CDR (¿principio de ‘ulsterización’ de Cataluña?), el acuse de recibo de su queja ante el Comité de DDHH de la ONU y la negativa de un tribunal germano a cumplimentar la entrega de Puigdemont a la Justicia española.

Opinión

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Estos tres aceleradores de lo que está “puntualmente larvado”, como diría Llarena, forman parte de la hoja de ruta secesionista (Libro Blanco de la Transición Nacional, de 2014). Uno es la “internacionalización del conflicto”. El otro, “la movilización de la sociedad civil si los dirigentes políticos quedasen ilegalizados”. Entonces “la ciudadanía emerge como agente político que impulse el proceso de independencia”, se lee en un documento de la ANC, presidida entonces por Sànchez (12 de abril de 2015). Y más adelante: “Como último recurso, deberá generarse un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano”.

En el tramposo discurso del independentismo se silencia que la violencia callejera de estos días es una forma de reiteración delictiva respecto a un tipo penal que requiere concertación de varios individuos. Por tanto, perjudica objetivamente a los ya procesados.

En cuanto a la queja ante el comité de la ONU, se oculta que es un simple acuse de recibo, a la espera de conocer la versión del Estado en un plazo máximo de seis meses. Y lo de pedir a España que garantice los derechos políticos de Sànchez, y los de todos los encarcelados, es como recordar al usuario del tren que está prohibido cruzar las vías. Sin embargo, la real gana del presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros agitadores de la causa, ha convertido el 'enterado' en una advertencia al Estado español que debe atenderse, so pena de “estar incumpliendo sus obligaciones internacionales”.

¡Qué pesadilla!