La Manada nos retrata. A todos. También al ministro de Justicia, que no puede ni quiere ser neutral. Y a las asociaciones de jueces y fiscales, que han pedido su dimisión inmediata.

El pecado de Rafael Catalá ha sido poner en duda la capacitación de Ricardo González, el juez discrepante de la sentencia. El que describe lo ocurrido como una “desinhibida relación sexual” en un ambiente de “jolgorio y regocijo” cuyo desenlace judicial debía haber sido la absolución de los cinco machos.

El ministro debió sentirse ayer como si estuviera ante un pelotón de fusilamiento. Verbal, se entiende. “Temeridad”, “demagogia”, “oportunismo”, “intolerable”. Se han procesado sus intenciones: confundir a la ciudadanía por razones electorales y anteponer intereses políticos.

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Fernando Garea

El ministro de Justicia se enfrenta a todas las asociaciones de jueces y fiscales y al Consejo del Poder Judicial, aunque recibe el apoyo del PSOE

Las pedradas son de ida y vuelta. Le acusan de unirse al 'populismo social' y él habla de “corporativismo furibundo”. Tiene lógica. La intromisión en asuntos del poder judicial se corresponde con una intromisión en asuntos del Ejecutivo.

No la formula de ese modo en conversación con el columnista, pero rechaza la idea de que un miembro del Gobierno, el titular del ramo precisamente, deba permanecer “ciego y mudo” respecto a la actividad en los ámbitos judiciales. “Si un ministro de Justicia no habla de lo que ocurre en su área de trabajo, de qué va a hablar”, me dice.

El ruido político y mediático nace de una pasajera alusión a los problemas “singulares” del juez discrepante. Sin entrar en detalles, porque “se conocen bien en los ambientes de la judicatura, donde deberían ayudarle en vez de protegerle”.

Ya han salido a relucir: desidia, tratamiento psicológico, actuación inspectora solicitada en su día por el presidente del Tribunal Superior de Navarra ante el CGPJ y la imagen de “juez problemático”.

Esto no pasará

Natalia Velilla Antolín

Esto no es un caso más. Es la crisis mediática más grave que ha atravesado el poder judicial

Las asociaciones profesionales acusan al ministro de meterse donde no le llaman por sugerir que el CGPJ, en el ejercicio de sus funciones inspectoras y disciplinarias, debía haber actuado preventivamente sobre el polémico magistrado.

Catalá no pide que lo expedienten o lo inhabiliten. Lamenta, eso sí, que a la vista de los antecedentes se le diera ocasión de necesitar más de 200 folios (la sentencia ocupa 140) para explicar en su voto particular que las cinco bestias de La Manada creyeron que la chica “estaba conforme con los actos sexuales que entre ellos mantuvieron”.

En otras palabras: de haberse actuado preventivamente en el terreno disciplinario, no hubiera intervenido con 'singular' desacierto en el terreno jurisdiccional.

De nada le sirvió a Catalá su profesión de fe en el respeto a las sentencias, el juego de los recursos, el apoyo a la víctima y la eventual revisión del discutido tipo penal (¿violación o abuso sexual?). Se le vino encima la ola de corporativismo en respuesta a la libre expresión de un ministro sobre un determinado juez. Pero silencio total de jueces y fiscales respecto a los problemas 'singulares' del magistrado Ricardo González.

Si lo que dice Catalá es cierto, asumiendo de entrada que los jueces no son espíritus puros, hace bien en recordarle al gobierno del poder judicial el deber de ejercer sus funciones inspectoras y disciplinarias. Eso no significa que no respete la sentencia. Ni ataca la independencia de los jueces o el equilibrio de poderes, como se le reprocha, en contra en distintos comunicados de las asociaciones profesionales.