Un 'buenismo' de obligado cumplimiento

Razones de legalidad nacional e internacional justifican la acogida de los migrantes en el Aquarius, aunque se corra el riesgo de que el buenismo acabe generando xenofobia

Foto: Llegada de los primeros inmigrantes del Aquarius a Valencia. (EFE)
Llegada de los primeros inmigrantes del Aquarius a Valencia. (EFE)

Maliciosamente endosado a Zapatero, y por ese camino van ahora los adversarios mediáticos y políticos de Sánchez, el ‘buenismo’ no es una reacción pueril de los dos últimos gobiernos socialistas. Forma parte constitutiva de la Unión Europea.

Llámese ‘buenismo declarativo’, si se quiere, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos reina en los países de nuestro entorno desde el 10 de diciembre de 1948. En España, a causa del largo y penoso paréntesis franquista, desde julio de 1977, cuando más nos apremiaba el hambre atrasada de libertades.

Desembarcan los primeros migrantes del ""?Aquarius""?

Veámoslo bajo esa luz. La que alumbra los principios y valores abrazados fundacionalmente por la UE, a la que pertenecemos con pleno derecho desde el 1 de enero de 1986. Es el aspecto intangible del asunto. Pero hay una parte tangible, normativizada, de obligado cumplimiento.

Olvidemos por un momento el espíritu fundacional y vayamos a la letra. A todos los países democráticos obliga lo escrito en la Carta de los Derechos Humanos, que incluye la Declaración Universal desarrollada en dos pactos internacionales alcanzados por la ONU en 1966. Uno, de derechos económicos, sociales y culturales. Otro, de derechos civiles y políticos.

Sin perjuicio de su discutida rentabilidad política, el gesto del Gobierno respecto a los 630 migrantes del Aquarius responde a un principio de legalidad

Ese 'buenismo' declarativo es insoslayable. Viene articulado en las respectivas legislaciones —también en la nuestra—, una vez aceptada de buen grado la consiguiente transposición. Es la clave. Permite afirmar que, sin perjuicio de su discutida rentabilidad política, el gesto del Gobierno Sánchez respecto a los 630 migrantes del Aquarius responde a un principio de legalidad. No solo internacional. También nacional, en la medida en que las leyes incorporan la letra (‘avant la lettre’, en algún caso) de los pactos internacionales, convenciones y tratados firmados por España sobre genocidio, torturas, tratos degradantes, derechos del niño, refugiados, distintas formas de discriminación, etc.

Desde el punto de vista técnico, es ‘inhumano’ el trato que los migrantes están recibiendo en las fronteras de Europa con regiones devastadas por el hambre, la guerra y la represión. Es jurídicamente reprochable. Incompatible con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la DU de DDHH y otros preceptos de una legislación inspirada en la necesidad de que esos derechos sean protegidos jurídicamente por exigencia de la “dignidad intrínseca” de “todos los miembros de la familia humana". Y todo eso, ojo, afecta también al trato que el Reino de España está dispensando a los migrantes que chocan en Ceuta y Melilla con una política de alambrada y devolución en caliente.

Desde el punto de vista técnico, es 'inhumano' el trato a los migrantes en las fronteras de Europa con regiones devastadas por el hambre y la guerra

Esperemos una pronta eliminación de las crueles concertinas, en línea con lo anunciado por el ministro Grande-Marlaska. Hasta entonces, el Gobierno Sánchez cargará con esa contradicción heredada. Pero le sobran argumentos para sostener que el humanitario gesto de acoger a los 630 del Aquarius era de obligado cumplimiento. Por razones de legalidad nacional e internacional. Aunque corra el riesgo de que el buenismo acabe generando xenofobia, como ha ocurrido en Italia, Alemania y Austria, un eje de perturbadora memoria histórica (Mussolini, Hitler, Dolfus, ay).

Al Grano

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