Puigdemont, en el burladero de la Justicia alemana

El expresidente de la Generalitat, acusado de rebelión y declarado en rebeldía por la justicia española, encuentra en Alemania su mejor burladero y la fuente de sus mediáticos subidones.

La resolución del tribunal de Schleswig Holstein accede a entregarlo solo por malversación. Juzgarlo por rebelión es inaceptable, dice. Y puede que lo sea. Pero eso han de decidirlo los tribunales españoles. De hecho, también entre nuestros juristas hay discrepancias sobre si ese delito es o no aplicable al caso (intento unilateral e ilegal de ruptura de Cataluña con España).

Lo inaceptable, y conminatorio, es que los jueces alemanes digan a los españoles cómo deben proceder ante un presunto delincuente. Un contradiós que desborda a los juristas por falta de precedentes o, simplemente, por encaje imposible en los marcos de su canónica sabiduría.

Lo inaceptable, y conminatorio, es que los jueces alemanes digan a los españoles cómo deben proceder ante un presunto delincuente

Tal vez logremos abrirnos paso en el culebrón si apelamos al sentido común.

La Unión Europea consistía en eliminar fronteras entre sus socios. Libre circulación. Primero, las mercancías (Mercado Común). Luego, las personas. Y después, las resoluciones judiciales, cuya principal herramienta era (¿lo es aún?) la euroorden. Este último paso es el que no acaba de asumir Alemania en el folclórico caso Puigdemont.

De poco vale que la Justicia alemana le niegue la condición de "perseguido político", exprese su "absoluta confianza en la justicia española" y elogie el democrático funcionamiento de nuestro Estado, si luego nos pone la zancadilla como socios del espacio común en materia judicial.

Es previsible que la sala de lo penal del Tribunal Supremo, de la que ahora dependen los procesados (el juez Llarena ya concluyó la instrucción del sumario), rechace la entrega en esas condiciones. Supone mantener la orden de detención dentro del territorio nacional, equivalente a un extrañamiento voluntario de 20 años (plazo de prescripción para un delito de rebelión).

Otra posibilidad es un recurso ante Tribunal de Justicia de la UE ("cuestión prejudicial"), que debería dictaminar si el tribunal de Schleswig Holstein ha aplicado correctamente o no la normativa europea respecto a la euroorden cursada en su día por el juez Llarena.

Si se aceptase la entrega para juzgarle solo por malversación, mientras otros procesados lo son por rebelión, se rompería la unidad de causa

Pero si la Justicia española aceptase la entrega para juzgarle solo por malversación, mientras otros procesados lo son por rebelión, se rompería la unidad de causa. Aún peor, se estaría abdicando del principio de soberanía nacional. Justamente el que inspira el funcionamiento del Estado y su entramado legal.

En ese principio se basa el poder y la función judicial que la Constitución encomienda a los tribunales. A los españoles, por supuesto. No a los alemanes, que no son quienes para orientar o dirigir el trabajo de nuestros jueces. Ni para decirles por lo que pueden o no pueden juzgar al expresidente de la Generalitat.

La controvertida resolución del tribunal alemán ha sido inmediatamente incorporada al tramposo discurso del soberanismo catalán, que la ha interpretado como una nueva derrota del Estado español a escala internacional. A pesar de la política de apaciguamiento del nuevo Gobierno socialista, Puigdemont, Torra y compañía siguen proclamando su innegociable objetivo de ruptura con la Constitución y con el Estado español. O sea, romper el orden constitucional, de forma muy similar a lo que en Alemania sería considerado delito de alta traición, según el artículo 81 del código penal germano.