El 'gesto' de Sánchez: torpe, inútil y contraproducente

A Sánchez no le luce su política de desinflamación en Cataluña. Sale escaldado de su mandato a la Abogacía del Estado. Las pedradas le llueven sin beneficio visible para su continuidad en el poder. Rebajar de rebelión a sedición la acusación provisional contra las primeras figuras del ‘procés’ ha sido un gesto torpe, inútil y contraproducente.

La única acusación pública con fuero propio —autonomía respecto al Ejecutivo— es la Fiscalía. Y la única instancia con capacidad de enjuiciamiento es el Tribunal Supremo, máximo órgano de un poder del Estado independiente del Gobierno y el Parlamento. En ambos cauces procesales sigue viva la figura penal de rebelión para nueve de los procesados.

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Aunque el poder de Moncloa no alcanza a la Fiscalía ni al tribunal sentenciador, tampoco es descartable que en el tramo final del juicio se impongan las figuras de sedición o “conspiración para la rebelión”, ya practicadas las pruebas documentales, testificales, periciales, etc. El propio juez Llarena lo contempló en uno de sus autos, pero no porque se lo dictase Sánchez al oído. Es insidioso, pues, decir que Sánchez se aferra al poder inspirando la posición de la Abogacía. Nadie puede sostener seriamente que asumir la libertad de criterio de la abogada general hubiera empeorado el futuro del presidente del Gobierno.

A las pruebas me remito. De momento, lo único que se ha garantizado es el no de los 17 diputados nacionalistas catalanes a los PGE pactados con Podemos. En su condición de especie protegida de la política española, los independentistas solo aceptan borrón absolutorio y cuenta nueva, previo gesto desactivador del Gobierno sobre Abogacía y Fiscalía. Tanto les da sedición como rebelión en el contexto de un “juicio político construido sobre pruebas falsas” (Torra 'dixit').

La baza de Sánchez para aferrarse al poder no es el cambio de postura de la Abogacía sino el indulto que el Gobierno concedería a los condenados

Si además se echa encima a los otros dos partidos del bloque constitucional, PP y Ciudadanos, y le rompe la cintura electoral a Susana Díaz en Andalucía, no veo por ninguna parte que Sánchez haya dado este paso por atornillarse al sillón.

A esos efectos, hubiera sido mejor quedarse quieto y dejar que la Abogacía del Estado marcase el paso de la Fiscalía. El malestar de los nacionalistas hubiera sido el mismo. Le hubiera dado oxígeno electoral a Susana Díaz. Nadie hubiera puesto en cuestión el carácter del PSOE como partido de Estado. Y la última palabra (rebelión o sedición) la hubiera tenido el Tribunal Supremo. Es lo que de todos modos va a ocurrir a mayor gloria del normal funcionamiento del Estado de derecho.

El indulto sería inaplicable a los dos cabecillas de la trama política del golpe al Estado. Junqueras nunca lo pediría (así lo jura) y Puigdemont seguiría fugado

Los más aventurados a la hora de procesar las intenciones ajenas dicen que, en realidad, la baza de Sánchez para aferrarse al poder no es el cambio de postura de la Abogacía sino el indulto que el Gobierno concedería a los condenados cuando el juicio oral termine, allá por la primavera. No tiene sentido. Sería inaplicable a los dos cabecillas de la trama política del golpe al Estado. Junqueras nunca lo pediría (así lo jura) y Puigdemont seguiría siendo un fugado de la Justicia. Además, por mucho que Sánchez utilice la política internacional como burladero, un escenario doméstico marcado por la imprevisibilidad y los palos de ciego no permite jugar ese tipo de bazas a medio plazo.

Es difícil negar que el gesto de Sánchez pretendía lo que todo el mundo dice que pretendía, porque él mismo se ha hartado de decir que “el Gobierno propone dejar a un lado la vía judicial y hablar de política”. Lo cual es tanto como apartar la legalidad y apostar por la oportunidad.

El poder judicial nada tiene que ver con lo que haga o deje de hacer la Abogacía del Estado, que depende de la Administración

No le ha servido de nada. Al contrario, suscita una insoportable enormidad en las reacciones. Como el reproche de que se ataca el principio de separación de poderes. Pues no. Ese principio está intacto, porque el poder judicial nada tiene que ver con lo que haga o deje de hacer la Abogacía del Estado, que depende de la Administración, lo mismo que el cuerpo diplomático, la Guardia Civil o los inspectores de Hacienda.

Por todo ello, sostengo que el 'gesto' de Sánchez ha sido torpe, inútil y contraproducente. Porque a Sánchez le han vapuleado por todos los lados y porque su continuidad en el poder no está ni más ni menos garantizada que antes de ordenar a Consuelo Castro que acusara a los procesados por provocar incidentes de orden publico, pero sin violencia, en su intento de romper el orden constitucional declarando la independencia en una parte del territorio.