A Marchena lo mató el cariño del PP

No fue Manuel Marchena el que se lo puso. Fueron otros quienes echaron sobre sus hombros el manto del PP, como los falangistas hicieron con la Pilarica. Amores que matan. El aforismo nunca se ajustó tanto a la realidad como en esta desdichada copla que canta la dignidad de un magistrado (tardía, tal vez) y la incompetencia de la clase política española.

Marchena se retira de la presidencia del Supremo tras los mensajes de Cosidó

Beatriz Parera

Los abrazos del PP taponaron la legítima aspiración del todavía presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo a presidir ese alto tribunal y el CGPJ. Lo mataron a besos, es verdad. Pero también el Gobierno y el PSOE hicieron lo posible por quemar la candidatura antes de cocinarla. Y cuando la cocinaron, filtraron el nombre cuando aún no estaban pactados los nombres de los 20 vocales del CGPJ que formalmente debían elegirlo.

Como si los 21 jueces, magistrados y ‘juristas de reconocido prestigio' fuesen 21 marionetas en manos de dos grandes partidos de arco político nacional. Funesta presentación pública de quien iba a ejercer de presidente, cuyo nombre había sido puesto sobre la mesa por el PP como condición 'sine qua non' para culminar la renovación quinquenal del Consejo.

Marchena, el hombre que renunció a dirigir el poder judicial

B. P.

Los dirigentes del PP se jactaron de que iban a personalizar el mando en dos de los tres poderes del Estado (el judicial, además del legislativo que ya ostentan). Hablaban de su hombre en el Supremo para controlarlo “desde detrás”, según Ignacio Cosidó, portavoz popular en el Senado. Y negaban que el Gobierno les hubiera metido un gol al haber retirado a Marchena del tribunal del ‘procés’ para dejar a los procesados en manos de un ponente progresista como Martínez Arrieta.

Curioso ha sido el común rasgado de vestiduras del Gobierno y el PP. Pedro Sánchez y Javier Maroto han dicho casi lo mismo con las mismas palabras

Marchena se hartó de aparecer en las coplas como un juez al servicio de tal o cual partido político. Así que, al difundirse el desafortunado mensaje de Cosidó a sus 146 compañeros de WhatsApp (senadores, al parecer), anunció en un comunicado su “decidida voluntad de no ser incluido entre los candidatos al puesto de presidente del TS y del CGPJ”. Y razonó su renuncia en defensa de su independencia y su imparcialidad, siempre con estricto sometimiento al derecho.

Curioso ha sido el común rasgado de vestiduras del Gobierno y el PP. El presidente, Pedro Sánchez, y el vicesecretario general del PP, Javier Maroto, han dicho casi con las mismas palabras que entienden a Marchena y que ellos hubieran reaccionado igual. Como si no tuvieran nada que ver con la fuga. Pero ¿quién puso más en el desprestigio de la Justicia que, hoy por hoy, crece en la percepción de los ciudadanos?

Marchena, el hombre que renunció a dirigir el poder judicial

B. P.

A partir de ahí, pedrada de ida y vuelta. El PP culpa a “un Gobierno que nos asquea” por haber filtrado antes de tiempo el nombre de Marchena y anuncia que rompe la baraja de la renovación del CGPJ si el Gobierno no cesa a la ministra de Justicia. Y el Gobierno culpa al PP de haber puesto en cuestión la imparcialidad del magistrado, mientras apela a la responsabilidad del principal partido de la oposición para que no bloquee la renovación del órgano de los jueces.

Pero me temo que eso no va a desbloquearse antes de las elecciones andaluzas, a pesar de la actitud conciliadora mostrada ayer por el presidente del Gobierno, quien ha aprovechado para reivindicar la extracción parlamentaria del CGPJ como el menos malo de todos los sistemas. Tiene razón, aunque olvida que el sistema ha sido pervertido por los partidos.

La bajísima calidad de la clase dirigente se las ha arreglado para inocular una idea venenosa: la de los jueces al servicio de los políticos

Una vez más, topamos con el problema de las formas. La bajísima calidad de la clase dirigente se las ha arreglado para inocular en la opinión pública el germen de una idea venenosa. La de los jueces al servicio de los políticos. Estamos ante la malversación de un principio razonable. El recurso a las llamadas 'cuotas' en nombre de un principio plausible. El de la extracción parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ.