Los planes del Gobierno para la exhumación de la momia de Franco topan con el prior benedictino del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Moncloa le acusa de obstruccionismo mientras busca en su pasado falangista las causas de su negativa a permitir la exhumación sin expresa autorización familiar.

Cantera es un digno sucesor del primer prior de la basílica, fray Justo Pérez de Urbel, mitad monje y mitad soldado falangista, adalid de aquel nacional-catolicismo que paseó a Franco bajo palio y autor facial de un libro sobre los mártires de la Guerra Civil cuyas biografías se inventó en sus horas libres el gran Carlos Luis Álvarez ('Cándido').

Pero a Pedro Sánchez y Carmen Calvo, coautores del presunto relato breve convertido en una novela gótica, no les bastará con rastrear los antecedentes del insumiso prior Cantera para seguir adelante con su idea de trasladar los huesos de Franco a “un decoroso lugar privado en el que bajo ningún concepto puedan ser enaltecidos”. Por eso me temo que la judicialización del proceso ya es inevitable. Es el turno de los tribunales.

Tanto en el plano religioso como en el civil sería un desafuero inaceptable que el prior Cantera tuviera la última palabra sobre la exhumación de Franco

Tanto en el plano religioso como en el civil sería un desafuero inaceptable que el prior Cantera tuviera la última palabra sobre la exhumación no autorizada por la familia. Sin embargo, tal parece sugerir el Vaticano, cuyo portavoz, Alessandro Gisotti, reduce la trama a un conflicto entre el Gobierno y el prior como albacea de la voluntad de la familia.

La nota de Gissotti dice textualmente que “el asunto concierne a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local”. O sea, elude una posible decisión de mejor criterio que la del prior. El de sus superiores en la jerarquía eclesiástica. El Arzobispado de Madrid, la Conferencia Episcopal y el Vaticano se esconden. ¿Nada que decir por parte de la Santa Sede en función de sus tratados de 1979 con el Estado español? No es de recibo que los herederos de quienes en vida rindieron a Franco honores solo debidos al cuerpo de Cristo quieran lavarse las manos en un proceso civil que afecta a sus restos, enterrados en sagrado.

No es de recibo que los herederos de quienes rindieron a Franco honores se laven las manos en un proceso que afecta a sus restos

Se avecina una larga batalla jurídica antes del traslado. Un choque de intangibles. De un lado, el cumplimiento de una ley sancionada por la voluntad popular. De otro, la voluntad de la familia en interesado abrazo al principio de la inviolabilidad de un lugar de culto. Y también choque de fueros, cuyos titulares son el Estado (el Gobierno, en su nombre) y la Iglesia (en su manto jurídico se envuelve la familia) ¿A quién pertenecen los restos de Franco? Si el Estado lo enterró también puede desenterrarlo, en teoría. Pero no es tan sencillo.

El Gobierno espera el informe jurídico encargado a la Abogacía del Estado sobre el modo de proceder legalmente desde el BOE. Como es previsible, la familia recurrirá. Los tribunales tienen la palabra. Bastará con un simple poder notarial que la familia ponga en manos del prior. Y el desenlace no puede ser muy distinto al de una exhumación judicialmente autorizada, en la misma lógica que las exigibles autorizaciones judiciales para entrar en domicilio particular o para intervenir una comunicación telefónica.