El 'judici' y la conjura del Fairy

El exdelegado del Gobierno Enric Millo y el coordinador policial durante el 1-O, Pérez de los Cobos, mostraron la cara menos amable de un Estado puesto en cuestión

Foto: Captura de la señal del Tribunal Supremo del exdelegado del Gobierno Enric Millo. (EFE)
Captura de la señal del Tribunal Supremo del exdelegado del Gobierno Enric Millo. (EFE)

Ayer descubrimos que la trama civil del independentismo se valió de la conjura del Fairy para dejar en ridículo a los servidores del Estado. Lo supimos por el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, que hasta ahora ha mostrado la cara menos amable de los defensores de la ley. Contó Enric Millo que los activistas del 1-O vertían detergente en la entrada de algunos colegios, con la aviesa intención de que resbalasen los antidisturbios y poder patearles con más comodidad. Tal cual.

No es un buen negocio enfrentarse al Estado, como tantas veces le dijo Urkullu a Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat y hoy “procesado rebelde” (fiscal 'dixit'), cuando el lendakari aún confiaba en evitar el choque de trenes por encargo de Moncloa. Y menos con mentiras repicadas hasta darles apariencia de verdad, amén de otras herramientas tan viscosas como las desveladas ayer por Millo y Pérez de los Cobos.

El 'judici' y la conjura del Fairy

El Estado es una máquina a prueba de retos extemporáneos, debates surrealistas y trampas de caza menor. Lo hemos ido viendo según las declamaciones políticas iban siendo desplazadas por los 'operativos' que un día prometieron o juraron guardar y hacer guardar la Constitución.

Sus verdades fácticas ponen en evidencia a los responsables del 'procés'. Desde la desidia de los Mossos (su actuación como policía judicial “fue una estafa”) hasta los acosos preliminares a los policías nacionales y guardias civiles desplazados a Cataluña para hacer cumplir la ley.

Respecto a la violencia por el lado independentista, crecen las señales de que el tipo penal de 'rebelión' no estará en el escrito de conclusiones de Fiscalía

Conscientes de estar cometiendo una ilegalidad, los miembros de la Generalitat, líderes de partidos independentistas y dirigentes de organizaciones civiles adheridas crearon las condiciones de los enfrentamientos y los brotes de violencia encajables en la metáfora del Fairy.

“La Junta de Seguridad fue kafkiana”, explicaba ayer el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, entonces coordinador de los cuerpos policiales, incluidos los Mossos, al referirse al absurdo debate sobre si el término prioritario de las ordenes judiciales era el de “impedir el referéndum” o el de “sin causar daños a la población”, cuando ya era evidente que el independentismo se había hartado de echar detergente en el suelo que pisaban el Gobierno de la nación, la Fiscalía, los jueces y las fuerzas de seguridad, a fin de burlar la maquinaria del Estado.

El 'judici' y la conjura del Fairy

Otra cosa es la violencia practicada desde el lado independentista como elemento del tipo penal reclamado por el ministerio público y la acusación popular. Está por ver, pero crecen las señales de que el delito de 'rebelión' no estará en las conclusiones finales de la Fiscalía.

El independentismo se hartó de echar detergente en el suelo que pisaban el Gobierno, Fiscalía, jueces y policías, a fin de burlar la maquinaria del Estado

Respecto al carácter 'público y violento' que exige esa conducta para encajar en el artículo 472 del Código Penal, se entiende que la violencia ha de ser parte del alzamiento. Es decir, instrumento previsto de antemano para lograr su objetivo. En este caso, la separación de una parte del territorio nacional.

Hubo violencia, pero fue sobrevenida, en los consabidos choques de ciudadanos con los antidisturbios, de los que tanto se habló ayer en el 'judici'. Pero no fue como calculado elemento de la conjura. Y mucho menos con el propósito de usar 'armas de guerra' o 'explosivos', que es lo establecido en 1987 por el Tribunal Constitucional como condición para que se pueda aplicar el tipo penal de rebelión.

Cara al desenlace final, tampoco apuesta nadie por la absolución de todos los cargos y de todos los procesados que ahora se sientan en el banquillo. Que habrá condena contra los principales responsables de la doble trama política y judicial contra el orden constitucional, aunque no sea por rebelión, parece inevitable. Si no, habría que irse de este país. El Estado puede ser magnánimo y generoso, pero nunca débil ni claudicante.

Al Grano

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