Torra y su aversión a la legalidad

Como el enfermo angustiado, el 'president' reclama una segunda opinión sobre cómo proceder sin incurrir en responsabilidades penales

Foto: Quim Torra. (EFE)
Quim Torra. (EFE)

Volvió a funcionar la imaginación creativa del independentismo. La Generalitat no retira esteladas y lazos amarillos. De momento. Pero tampoco se coloca en abierta situación de desobediencia frente a la Junta Electoral Central (8 magistrados, cinco catedráticos, secretario general del Congreso y, sin voto, director de la Oficina del Censo). Gana tiempo, le dice que es imposible cumplir el requerimiento en tantos edificios públicos y le pide aclaraciones sobre el modo de abordar la situación.

Como el enfermo angustiado, Torra reclama una segunda opinión sobre cómo proceder sin incurrir en responsabilidades penales. Si hemos de pasar por el aro, que nos lo digan los nuestros. Tesis del Govern, tras su reunión de ayer, mientras estudia la posibilidad de recurrir ante la sala tercera del Tribunal Supremo (contencioso-administrativo), a fin de obtener una suspensión cautelar del mandato de la Junta.

La negativa respuesta de la Generalitat al ultimátum (retirada de los símbolos en 24 horas) viene condicionada al requerido informe del Sindic de Greuges (defensor del pueblo). Institución genuina encargada de garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades de los catalanes. Aunque sus informes son consultivos, no vinculantes, se utiliza como coartada para expresar la aversión del independentismo a las leyes del Estado. “Haremos lo que nos diga el sindic”, decía ayer la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi.

Ahí está la clave. Acusar de parcialidad al tribunal que juzga el 'procés' o al órgano judicializado que garantiza los principios de transparencia, objetividad e igualdad en los procesos electorales, son enésimas vías secundarias hacia el fondo de la cuestión. El ataque al orden constitucional. Una bien urdida ofensiva destinada a cambiar unas leyes por otras en una parte del territorio nacional. Pero no de forma mostrenca, ocasional, traumática y con armas de fuego, como fue la intentona golpista del 23-F, sino sostenida, más sofisticada y mucho más sutil. Véanse las diferencias antes de hacer comparaciones odiosas.

El ataque al orden constitucional. Una bien urdida ofensiva destinada a cambiar unas leyes por otras en una parte del territorio nacional

Así que la burla a la Junta es un lance más del desafío a la legalidad española, por el que están encarcelados o huidos los máximos responsables de la conspiración político-civil. La novedad es que estamos ante el primer acto jurídico cuyas consecuencias penales pueden ser endosables a Quim Torra. Un test sobre su capacidad de sacrificio por la causa.

En medios políticos catalanes se anticipa una marcha atrás de último minuto, aunque la Junta decida ejercer su capacidad de ejecución (orden de retirada de los símbolos a los Mossos, en calidad de policía judicial) y la Fiscalía actúe por presunto delito de desobediencia.

Para rehuir el empapelamiento judicial, Torra acabará cediendo. Como cedió Roger Torrent, presidente del Parlament, antes de permitir la investidura de Carles Puigdemont, o antes de desobedecer al juez Llerena respecto al voto por sustitución (no por delegación) de diputados huidos o presos.

Para rehuir el empapelamiento judicial, Torra cederá. Como cedió Roger Torrent antes de permitir la investidura de Puigdemont

Hasta el Sindic de Greuges sabe que el requerimiento de la Junta es de obligado cumplimiento. Que la libertad de expresión no permite romper la neutralidad de las instituciones (“reforzada” en épocas electorales, según sentencia del Supremo de abril de 2016). Que la estelada carece de reconocimiento legal válido. Y que para los poderes públicos no existen “espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella”, según doctrina del Constitucional, cuya sentencia 259/2015 dice negro sobre blando que “sin conformidad con la Constitución, no puede predicarse legitimidad alguna”.

Al Grano

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