Torra, empapelado: las horas bajas del 'president'

Ahora ya está sometido como "investigado" a un procedimiento penal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por presunto delito de desobediencia

Foto: Quim Torra. (EFE)
Quim Torra. (EFE)

A los ojos de la Justicia, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pasado de las palabras a los hechos. Con hechos fehacientes sobre el uso indebido de símbolos partidistas en edificios públicos, desoyó (“consciente y deliberadamente”, dice el fiscal) los sucesivos requerimientos de la Junta Electoral Central, que es un órgano judicializado.

Ahora ya está sometido como “investigado” a un procedimiento penal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por presunto delito de desobediencia. La sala correspondiente, para aforados por razón del cargo que ocupa, ya se ha puesto en marcha con un primer paso: el nombramiento del instructor, Carlos Romero, el único magistrado de la sala designado en su día a propuesta del Parlament.

Mala noticia para el 'president', en coincidencia con la espantada de la monja Forcades, que considera fracasado el movimiento independentista, y en vísperas de la moción reprobatoria que los socialistas de Iceta preparan para mañana sobre la inoperancia del Govern. Por no hablar del mal trago que están pasando los acusados del 'judici' ante la acumulación de testimonios policiales contrarios al relato del soberanismo sobre los hechos de septiembre y octubre de 2017.

Torra corre el riesgo de ser inhabilitado para desempeñar cargo público durante un periodo de seis meses a dos años (articulo 410 del Código Penal). No por sus gestos de adhesión incondicional a la causa. Tampoco por ese “simbolismo republicano” que le reprochan los de la CUP. Ni siquiera por sus declamatorias bravatas contra el Estado represor.

Torra corre el riesgo de ser inhabilitado para desempeñar cargo público durante un periodo de seis meses a dos años

El empapelamiento judicial de Torra no es, como pretende hacernos creer, por ejercer la libertad de expresión, debidamente amparada por la legalidad que él quisiera reventar, sino por vulnerar la parte de esa legalidad que nos ampara a los demás. Justamente en lo tocante al derecho de todos los ciudadanos a votar libremente en procesos electorales transparentes, donde se garantice la neutralidad de las instituciones y donde ninguna opción juegue con ventaja.

Nadie ha negado la utilización de la estelada o los lazos amarillos como símbolos de legítimas aspiraciones de una parte de la sociedad catalana. Pero no de toda ella, según doctrina de la Junta Electoral, ni no como propaganda electoral exhibida en periodo electoral por los poderes públicos, pues estos están obligados a mantener una rigurosa neutralidad política.

Por tanto, huelga esa primera reacción del 'president' cuando ayer recibió la notificación de que la querella de la Fiscalía había sido admitida a trámite por el TSJC (Sala de lo Civil y lo Penal). “Con la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias. Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo”.

Ni media palabra del derecho de la totalidad de la ciudadanía a unas elecciones libres. Nada nuevo. De eso se alimenta el independentismo. De la aversión a la vigente fuente de legitimidad descrita en nuestra Carta Magna y de la ya malograda aspiración a sustituirla por otra en estéril desafío.

Pero “sin conformidad con la Constitución no puede hablarse de legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución”, según la sentencia 259/2015 del Tribunal Constitucional.

Al Grano

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