Derecho a morir, derecho a vivir

La voracidad confiscatoria de una clase política en campaña electoral disfraza el inalienable derecho individual a irse de este mundo con ayuda o sin ella.

Conocerse la muerte por amor de María José Carrasco y resucitar el debate sobre la eutanasia fue todo uno. Los intereses electorales de cada partido contaminan los términos de un debate cuyas implicaciones son humanas antes que políticas. A partir de un hecho inatacable: cada individuo es dueño y señor de su vida. Puede hacer lo que quiera con ella.

Es absurdo vivir en contra de tu voluntad. Y es aberrante que otros (familia, Estado, Iglesia) pretendan prohibirlo. O castigarlo. No hay reproche penal en el suicidio. No puede haberlo, salvo que algún necio quiera proponer el procesamiento postmorten. El problema surge cuando el suicidio es asistido. Entonces sí hay castigo penal para el asistente.

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T.F.

Nos ocupa el supuesto de un individuo que decide librarse de un sufrimiento insuperable como efecto de enfermedad incurable y muerte anunciada aunque sin fecha fija. ¿Qué pasa con quien le ayuda a quitarse la vida si no puede hacerlo por sus propios medios? Entonces estamos ante el suicidio asistido como ejercicio del derecho a una muerte digna, tan respetable como el derecho a una vida digna.

Me quedo con la reacción básica de un dirigente político, Iglesias Turrión, al saber que el marido de María José, Ángel Hernández, había sido detenido (solo unas horas, porque policías, fiscales y jueces son personas antes que servidores del Estado). "Es una vergüenza que alguien pueda ir a la cárcel por un acto de humanidad que para mí quisiera si estuviera en las mismas circunstancias", dijo el líder de Unidas Podemos.

De los competidores electorales de la primavera nadie ha centrado el tema con tanta precisión. Denuncia en toda regla la desidia de unos poderes públicos hasta ahora incapaces de despenalizar la eutanasia a pesar de dos intentos más serios. Uno del Gobierno de Zapatero (primavera 2011, proyecto de ley de la ministra Pajín). Y otro del grupo parlamentario socialista (junio de 2018, como proposición de ley). Los dos, malogrados por convocatorias de elecciones generales anticipadas (noviembre de 2011 y abril 2019). Los imperativos humanos y políticos que hacen al caso han sido insuficientes para derogar de una vez por todas lo que hoy por hoy en el Código Penal (artículo 143. 4) sigue siendo “cooperación necesaria para el suicidio” y está castigado con penas de hasta dos años de cárcel.

Los dos, malogrados por convocatorias de elecciones generales anticipadas (noviembre de 2011 y abril 2019)

La política anda por medio. Nos recuerda que el pensamiento conservador, alojado principalmente en el PP y Vox (Ciudadanos cabecea), no asume que ayudar a morir es tan digno como ayudar a vivir. Dos formas de filantropía. También para los creyentes, dos formas de "amar al prójimo como a ti mismo".

Y para los poderes públicos, una asignatura pendiente. Si ya está legalmente regulada la voluntad de vivir (dogma civil recogido en el articulo 15 de la Constitución), debería estar regulada la voluntad de morir. En determinadas circunstancias, con la expresa voluntad del individuo, en casos de enfermedades incurables y con los consabidos controles (médicos y legales).

Por supuesto que la raya roja de la regulación siempre será que la eutanasia no se convierta en coartada del homicidio, pues la vida humana es y debe ser siempre un bien supremo a proteger por el Estado.