Varapalo de la Junta Electoral al Gobierno y al PSOE

El palo de la Junta Electoral Central no es a Atresmedia sino al Gobierno Sánchez. Me parece la interpretación adecuada del por ahora suspendido debate a cinco previsto para el día 23. Y me remito a la argumentación del artículo "Lo que esconde el desprecio de Sánchez a TVE"', publicado en este mismo rincón de El Confidencial el sábado pasado.

Lamento el autoplagio, pero ahí ya se señalaba la descarada vulneración de la normativa electoral que suponía incluir a Vox en un debate televisado de aspirantes a la presidencia del Gobierno. Peor aún. Que los intereses del partido gobernante primasen sobre el respeto a la vigente expresión institucional de la voluntad popular. Y una paradoja. Que RTVE se atuviese a dicha voluntad y el Gobierno no.

Después de atender un recurso de Vox, por haber sido excluido del debate de 'segundos' celebrado anoche en TVE (a seis), y de los presentados por los grupos nacionalistas no incluidos en el anunciado en Antena 3 (a cinco), la Junta Electoral ha decidido suspender el segundo. Razón de fondo: el quinto invitado (Vox) es un producto de las encuestas, no de la representatividad obtenida en las urnas.

Los electores, como los consumidores, tienen derecho a probar el género antes de comprarlo. Esa pauta del sentido común está vacía en el BOE

Los electores, como los consumidores, tienen derecho a probar el género antes de comprarlo. Esa pauta del sentido común sigue vacía en el BOE. La regulación legal de los debates electorales es una lamentable asignatura pendiente de la democracia. Apenas una genérica alusión de la Loreg (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) a la exigencia de “neutralidad”, “pluralidad” y “proporcionalidad” de los medios públicos (una reciente reforma la extendió también a los privados).

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Sobre esa norma legal y el recurso al mejor criterio de la JEC (ocho magistrados del Tribunal Supremo, cinco catedráticos de Derecho y el secretario general del Congreso), se ha ido forjando una doctrina de obligado cumplimiento. Excluye de los debates a grupos extraparlamentarios, salvo que en elecciones anteriores (no necesariamente generales) hubieran obtenido al menos el 5% de los votos en el área de difusión del medio.

El Gobierno queda en evidencia. Por pasarse esa doctrina por el arco del triunfo. El Gobierno no, el PSOE, o Sánchez, vale, viene a ser lo mismo. Lo grave es la falta de compromiso con el orden institucional por intereses de partido. Hasta las piedras saben que Moncloa y Ferraz están encantados con el protagonismo de Vox como elemento fragmentador de la derecha, aunque vaya en contra de la ley y de la doctrina de la Junta.

Se pone en evidencia la falta de compromiso de Moncloa y Ferraz con el orden institucional. Por intereses de partido, quieren a Vox en los debates

A esa ley y a esa doctrina debe ajustarse la alternativa que ha de presentar ahora Atresmedia al formato del debate del día 23, puesto que, según la Junta Electoral, no puede celebrarse tal y como está planteado. La JEC se ha comprometido a responder el lunes 22. No obstante, el fondo de la cuestión queda claro: el criterio para elegir a los participantes en un debate electoral televisado no puede ser “la actualidad informativa o los datos procedentes de las encuestas electorales” sino “los resultados obtenidos en las últimas elecciones”.

Así reza la resolución de la JEC que deja en suspenso el debate de Antena 3 con los candidatos de cinco fuerzas políticas, de las que cuatro responden al vigente mapa parlamentario (Diputación Permanente del Congreso), mientras que el quinto participante (Vox) responde al cambiante mapa demoscópico de nuestra democracia de último minuto.