La Justicia, en defensa de Puigdemont

No pierdo la esperanza de que algún juez español, alguna jueza española, le diga a Carles Puigdemont lo que la jueza Deborah Taylor le ha dicho al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por huir de la Justicia británica cuando violó su libertad bajo fianza y se encerró en la embajada de Ecuador en Londres:

“Usted aprovechó su posición de privilegio para situarse por encima de la ley y expresar internacionalmente su desdén hacia la Justicia de este país”.

La misma Justicia española de la que Puigdemont huye y a la que denigra por todo el mundo está a punto de reconocerle, por encima de cualquier otra consideración, su inalienable derecho a competir por uno de los 54 escaños adjudicados al Reino de España en el Parlamento Europeo.

El Tribunal Supremo (sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo) da la razón al expresidente de la Generalitat y otros dos procesados en rebeldía (Toni Comín y Clara Ponsatí), que habían recurrido el veto de la Junta Electoral Central. Tienen derecho a presentarse. Son elegibles. Nadie les puede negar su derecho al sufragio pasivo contemplado en la Constitución que ellos quieren reventar.

El Tribunal Supremo, la FGE y una parte de la JEC, a favor de que Puigdemont, Comín y Ponsatí puedan presentarse a las elecciones europeas

En un singular auto judicial, el alto tribunal se inhibe en favor de los tribunales ordinarios (jurisdicción contencioso-administrativa) pero expresa su criterio sobre el fondo de la cuestión. Iluminados por el artículo 23 de la CE (“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos”), los magistrados de la sala tercera del TS sostienen que el estar huidos de la Justicia no es causa de inelegibilidad.

Técnicamente cierto. Solo son inelegibles los condenados por sentencia firme (o no firme, en casos de terrorismo, rebelión o delitos contra las instituciones). Y no es el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Pero cuando la lógica cede ante los tecnicismos judiciales, el estupor se apodera de la opinión pública. El sentido común nos dice que incumplir un deber básico, como ponerse a disposición de la Justicia si esta te reclama, debería bloquear un derecho básico como es el sufragio pasivo.

Sin embargo, el Estado 'represor' —según el marco mental del independentismo— busca la complicidad de los tecnicismos para dejar sentado, por ser “doctrina reiterada”, que “las dudas en esta materia deben ser resueltas de la manera más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales”.

Si la lógica cede ante los tecnicismos judiciales, el estupor se apodera de la opinión pública

En otras palabras, debe prevalecer el derecho de Puigdemont, Comín y Ponsatí a participar en los asuntos públicos sobre el deber de ponerse a disposición de la Justicia, que los reclama por presunta rebelión contra el orden constitucional. También debe prevalecer sobre otras formalidades, como estar o no inscritos en el CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes), estar o no inhabilitados para cargo publico como consecuencia de su procesamiento por delito de rebelión, que no de terrorismo (el discutido artículo 384 bis de la Ley de EC).

En realidad, la pelota está de nuevo a los pies de los juzgados ordinarios de lo contencioso-administrativo (ante ellos recurrieron los tres dirigentes independentistas) a cuya inhibición inicial a favor del Supremo ha respondido este devolviendo la pelota. Pero si el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado entienden que no hay razón para vetar estas candidaturas, en línea con los cuatro discrepantes de la Junta Electoral Central (frente a los siete que el domingo 28 decidieron la exclusión), no caben muchas dudas de que, mire usted por dónde, la denigrada Justicia española va a acabar saliendo en defensa de quienes la denigran.