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Antonio Casado

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¿Política de Estado en la Mesa del Congreso?

En Moncloa creen que PP y Cs seguirán azuzando el conflicto de Cataluña. Faltan señales que permitan celebrar el fin de la guerra civil en el bloque constitucional

Foto: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. (EFE)
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. (EFE)

Los partidos de inequívoca adhesión constitucional se alinearon en el estricto cumplimiento de la ley frente a quienes la desafían en nombre de objetivos segregacionistas. Ayer juntaron sus votos en la Mesa del Congreso decidiendo la suspensión provisional de cuatro diputados. Ratificar, más que decidir, pues es de suspensión automática el supuesto aplicado a un cargo público procesado por rebelión y en prisión preventiva (artículo 384 bis de la Ley de E.C). No había opción.

Buena noticia, si la viéramos como presagio de que, en un deseable marco de sana gobernabilidad, PSOE, PP y Cs pudieran ir juntos en temas de Estado. No es el caso. Al menos en Moncloa no lo ven así. Ni de lejos. Creen que esas dos derechas van a seguir azuzando el conflicto territorial. Y que esa va a seguir siendo la tónica de los próximos meses.

Foto: Pablo Casado, en el Congreso. (EFE)

Eso parece. Deberían multiplicarse las señales para empezar a celebrar el fin de la guerra civil del bloque constitucional. Está demasiado vivo el relato insidioso sobre furtivas complicidades de los socialistas, y particularmente de Pedro Sánchez, con "los que quieren romper España".

No invento nada. En vísperas de la suspensión de funciones de Junqueras, Rull, Turull y Jordi Sànchez, mientras el nuevo gobierno de la Cámara trataba de cargarse de razones políticas y jurídicas, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusaba a la socialista Meritxell Batet de ser "la primera presidenta del Congreso que no cree en la soberanía nacional de todos los españoles".

Cs vive del conflicto catalán y necesita azuzarlo. Pero el PP es partido de gobierno y se le supone sentido de Estado. Está desertando de ese papel

Más grave es lo del PP. Ciudadanos vive del conflicto catalán y necesita azuzarlo para crecer en el resto de España. Eso es archisabido. Lo sorprendente —y autodestructivo, en mi opinión—, es la crispación que Pablo Casado y sus cuadros dirigentes añaden a la política nacional. Están engordando a Vox. Y también a Cs, que le disputa el liderazgo de la oposición. Pero el PP es partido de gobierno. Se le supone sentido de Estado. Sin embargo, está desertando irresponsablemente de ese papel, a pesar de los guiños de Moncloa por reconocer su primacía en la oposición como alternativa real de poder.

"No me cabe duda de que entre los independentistas y Pedro Sánchez hay un pacto de escaños por indultos", decía Casado cuando faltaban horas para que PSOE, PP y Cs unieran sus votos en aplicación de un imperativo legal a los cuatro diputados presos. Pero las dos derechas han soltado por esa boca, con unas u otras palabras, que Batet y Sánchez se han portado como "cómplices de los golpistas".

Sánchez, ¿represor de separatistas o cómplice de separatistas? Torra y Junqueras, y Casado y Rivera disparan la facturación electoral del PSOE

A ver como conjugamos esas pedradas con las que arrojan los damnificados por la decisión de la Mesa del Congreso. Las mismas barbaridades desde el otro lado de la barricada. "Los socialistas están liderando la represión", dice ese Ernest Maragall rebotado del PSC que el domingo quiere acostarse como alcalde de una Barcelona independentista.

¿Sánchez represor de separatistas o Sánchez cómplice de separatistas? El resultado del contradiós está a la vista: Torra y Junqueras, por un lado, y Casado y Rivera, por otro, disparan la facturación electoral del PSOE.

Los partidos de inequívoca adhesión constitucional se alinearon en el estricto cumplimiento de la ley frente a quienes la desafían en nombre de objetivos segregacionistas. Ayer juntaron sus votos en la Mesa del Congreso decidiendo la suspensión provisional de cuatro diputados. Ratificar, más que decidir, pues es de suspensión automática el supuesto aplicado a un cargo público procesado por rebelión y en prisión preventiva (artículo 384 bis de la Ley de E.C). No había opción.

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