Puigdemont, entre el 'exilio' y la cárcel
La rueda de prensa de ayer en Bruselas es el enésimo esfuerzo del 'expresident' por demostrar que la Tierra es plana
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Mientras el Ministerio del Interior espera un pronunciamiento del Supremo sobre el traslado de los nueve del 'judici' a cárceles catalanas, expresamente solicitado por ellos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sigue convencido de que el 'exilio' es más rentable que la cárcel.
Por eso se abstuvo de personarse en Madrid, engañando una vez más a sus seguidores. Pero, dale que te pego, vuelve a la carga. Su rueda de prensa de ayer en Bruselas fue un enésimo esfuerzo por convencer al mundo de que la Tierra es plana. Y por convencer a su gente de que, esta vez sí, cumplirá la promesa de acudir a Estrasburgo, que es territorio francés, el próximo 2 de julio, corriendo el riesgo de cambiar el 'exilio' por la cárcel si España reactiva la orden de detención europea.
No se rinde después de su frustrado acatamiento de la Constitución en diferido el lunes pasado en el Congreso. Resultó inservible un acta notarial como forma de obtener ante la Junta Electoral Central, para él y para Toni Comín, la credencial de eurodiputado a través de un recadero (el letrado Gonzalo Boye). Y ahora anuncia su intención de recurrir el veto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Lo tiene crudo, porque el veto ya no es de las autoridades españolas. Al veto de la JEC se superpone el veto del propio Parlamento Europeo, que ya se pronunció antes de las elecciones del 26 de mayo sobre la ineludible validación del país de origen para que un electo pueda adquirir la condición plena de eurodiputado. Los servicios jurídicos de la Eurocámara lo dijeron negro sobre blanco en su informe.
Si cumple su promesa de acudir el 2 de julio a Estrasburgo, que es territorio francés, España podría reactivar la orden europea de detención
Es impensable que el Tribunal de Luxemburgo desautorice una decisión soberana del Reino de España que ha sido expresamente confirmada por el Parlamento Europeo. En saco roto cayó la carta remitida hace unos días por la que Puigdemont, Junqueras y Comín pedían a la Eurocámara ignorar el trámite de la comparecencia personal.
También se perdió en la polvareda el famoso informe del grupo de trabajo de la ONU. Era lo previsible, teniendo en cuenta que, contra toda lógica jurídica, la carga de la prueba aparecía invertida. Se acusaba a España sin probar nada y se emplazaba a sus autoridades a probar la falsedad de lo que se decía en el informe. Era flagrante tanto el desconocimiento de la legalidad española como el principio de separación de poderes en un Estado legítimamente constituido.
Es impensable que el Tribunal de Luxemburgo desautorice una decisión del Reino de España que ha sido confirmada por el Parlamento Europeo
Y en cuanto al Tribunal de Estrasburgo (Derechos Humanos), ya ha fijado doctrina sobre las denuncias independentistas de presuntas violaciones de derechos y libertades en España. Sus siete jueces, en sentencia dictada por unanimidad el pasado 28 de mayo, respaldan plenamente las resoluciones del Tribunal Constitucional, exigidas por la “necesidad social imperiosa” de mantener “la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de otros”.
Continuará.
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