¿Está politizada la sentencia del 'procés'?
Los miembros de la Fiscalía critican en privado a Manuel Marchena y piensan hacerlo en público tras las elecciones del 10 de noviembre
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Entre los defensores de la legalidad no está todo dicho sobre los efectos de la sentencia del 'procés'. Insisto, solo me refiero a quienes se mueven en el terreno de la legalidad, no a quienes aspiran a reventarla en una conspiración de la pólvora o mediante sofismas de la razón torturada.
Muchos penalistas han criticado la que consideran inexplicable renuncia de los magistrados a aplicar el tipo delictivo de la "rebelión" contra los promotores de la fallida república catalana. En un reciente seminario de Law & Business School, el profesor Gimbernat declaró que "aun partiendo de los hechos probados por el TS, esto era una rebelión, no una sedición".
Muchos penalistas critican la renuncia a aplicar el tipo delictivo de la "rebelión" contra los promotores de la fallida república catalana
En prudente espera a que cierren las urnas del 10-N y se apaguen las hogueras donde el independentismo furioso quiere chamuscar la sentencia del Supremo (por otras razones, claro), hay voces de la propia Fiscalía dispuestas a denunciar la que consideran "mala calidad" de la sentencia. Y, sobre todo, la presunta politización del histórico fallo judicial.
Dicho sea con pleno conocimiento de causa y al hilo de aquel viejo mantra que ve salir a la justicia por la ventana cuando la política entra por la puerta. La pedrada en este caso se lanza contra el mismísimo presidente del tribunal, Manuel Marchena, ensalzado en los medios de comunicación, criticado entre los expertos en Derecho Penal y miembros de la carrera fiscal. Con graves insinuaciones. Incluso la de haberse puesto al servicio del poder político.
La discrepancia no alcanzará el rango de conflicto institucional porque las sentencias se acatan y punto. Pero lo va a rozar. El malestar de la Fiscalía General del Estado no es tanto con el Gobierno de Pedro Sánchez, que impuso por razones políticas la tesis acusatoria de "sedición" a la Abogacía del Estado en uso de sus competencias. Es con el propio tribunal, empezando por su presidente, que la hizo suya ignorando unos hechos probados respecto al uso de la violencia. Instrumentalizada para obtener el objetivo de la independencia de Cataluña (rebelión), como sostuvo la Fiscalía, y no sobrevenida en forma de desórdenes públicos (sedición), como dice la sentencia.
Como dice la sentencia, repito. Como el Gobierno Sánchez quería que dijese. Y como querían los "pacificadores", Artur Mas e Iñigo Urkullu. Mejor sedición que rebelión. Y renuncia expresa del tribunal a pronunciarse sobre el régimen penitenciario de los penados. Gestos de buena voluntad hacia el soberanismo. Y una forma de desactivar las acusaciones del PP y Ciudadanos sobre la presunta intención de indultar a los condenados.
Por razones competenciales, la llave de la cárcel la tiene la Generalitat. Por eso Sánchez puede prometer y promete que no concederá indultos. Ya no hace falta. Salvo por aplicación del artículo 155 de la Constitución, si llegara el caso, la libertad condicionada de los principales responsables del ataque al orden constitucional está en manos de Torra. Y por eso Junqueras se puede permitir decirle al Gobierno que se meta los indultos por donde le quepan.
La llave de la cárcel la tiene Torra. Por eso Sánchez puede prometer que no concederá indultos. Ya no hace falta. Salvo por aplicación del artículo 155
Son circunstancias perturbadoras en el sano funcionamiento del poder judicial. Por tanto, afectan al crédito del sistema. Hablo de la diosa 'Iustisia', versión romana de la griega Themis, esa impasible mujer que lleva los ojos vendados como prueba de imparcialidad.
¿Se le habrá caído la venda en el caso del 'judici' contra quienes intentaron reventar el Estado y anuncian que lo intentarán de nuevo?
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