Servicios secretos: ¿una exclusiva del Gobierno de turno?

En cierta ocasión, le oí decir al general Sanz Roldán, exdirector del CNI (2009-2019), que el presupuesto del centro que guarda los secretos del Estado es equivalente a la cláusula de rescisión de Leo Messi en el Barça. En torno a los 250 millones de euros. El recuerdo de ese momento reactiva en la memoria del columnista dos vectores del análisis exigido por el reciente nombramiento de una licenciada en Filosofía y Letras, Paz Esteban, como nueva jefa de los espías:

El primero es una humillante dotación presupuestaria, si se compara con la de cualquier ministerio. A modo de ejemplo, 7.189 millones el de Transición Ecológica, 953 millones el de Cultura y Deporte, según las fallidas cuentas de 2019, que no distarán mucho de las que se están elaborando para 2020. Y el segundo, que por primera vez un director del servicio secreto (3.500 funcionarios) ha sido nombrado unilateralmente por el Gobierno, sin contar con el consenso, la conformidad o al menos el asentimiento del principal partido de la oposición.

“Nadie nos ha consultado nada”, me aclara el líder del PP, Pablo Casado. Y me lo confirman altas fuentes del Ministerio de Defensa: “No era necesario. Y ella es una profesional al margen del debate político”.

El anterior director, Sanz Roldán, fue nombrado por Zapatero de acuerdo con Rajoy (2009) y confirmado por Rajoy de acuerdo con Rubalcaba (2014)

No era preceptivo consensuar ese nombramiento. No lo era, no lo es, desde el punto de vista legal o administrativo. Convengamos, no obstante, que era políticamente necesario tratándose de un cargo de confianza que trabaja para el Estado, aunque su cliente inmediato sea el Gobierno. Con redoblados motivos en tiempos recios de una vida política nacional muy polarizada y ciertas amenazas al vigente orden constitucional.

Parece de sentido común. No es sostenible que la identificación del enemigo interior y el enemigo exterior del Reino de España, cuya tarea desactivadora es la razón de ser del CNI, sea una exclusiva del Gobierno de turno. De hecho, no lo fue en el caso del anterior director, el general Sanz Roldán, nombrado por Zapatero de acuerdo con Rajoy (2009) y confirmado por Rajoy de acuerdo con Rubalcaba (2014).

El control de los servicios secretos debe ser política compartida por partidos convencidos de que existen amenazas a los valores constitucionales

Aunque las estrategias de seguridad nacional (fuente de las directivas anuales que definen las misiones encargadas al CNI) han de superar el contraste de las fuerzas parlamentarias, son y siempre fueron políticas de Estado. O sea, políticas compartidas al menos por los partidos convencidos de que, además de desafíos globales, como los ciberataques o el terrorismo internacional, existen claras amenazas internas contra la integridad territorial y los valores constitucionales.

Contar con las fuerzas políticas que ejercen la oposición política desde posturas de inequívoco compromiso constitucional es justo y necesario. Y en las actuales circunstancias, además, muy oportuno. Mal empezamos con el nombramiento unilateral de la nueva directora del CNI (lo era de forma interina desde julio de 2019), de cuya competencia nadie duda, tras una larga etapa de 36 años al servicio del organismo.

Por cierto, un organismo encuadrado en el Ministerio de Defensa (rango de secretaría de Estado), a pesar de que, según el general Sanz Roldán, “un 36% de mis informes fueron a parar al Ministerio de Asuntos Exteriores, y solo un 6% al de Defensa”. Una forma de blindar al presidente del Gobierno frente a una inesperada ventilación de cañerías.

Según el anterior director del CNI, "un 36% de mis informes fueron a parar al Ministerio de Asuntos Exteriores, y solo un 6% al de Defensa"

No obligatorio pero sí impresentable ignorar al principal partido de la oposición en el nombramiento del máximo responsable de los servicios de inteligencia encargados de prevenir las amenazas del terrorismo, el crimen organizado, la inmigración ilegal, el espionaje industrial, el tráfico de armas, la defensa de nuestros intereses en el extranjero, etc.

A partir de ahora, cualquier actuación del CNI será susceptible de ser interpretada como un servicio al Gobierno de turno o por intereses del partido en el poder. Al haber nombrado unilateralmente a su directora (por primera vez una mujer, y eso es buena noticia), el nuevo Gobierno corre el riesgo de ver cómo se resiente su autoridad moral cuando pida el apoyo de la oposición en asuntos venidos desde el subsuelo del Estado.