Factor humano y origen político del caso BBVA

08/02/2020 05:00

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El expresidente del BBVA, Francisco González (FG en adelante), se prepara como puede para desactivar el estigma de haber bajado a las cloacas. Cuando la partida se libra en las sombras ocurren estas cosas. Más allá de que la madeja se haya enredado por la actuación de dos grandes pillos, Villarejo y Pineda, conviene recordar el origen político del caso BBVA, rama número nueve del cerco judicial al ya famoso excomisario.

La secuencia arranca en el proceso 'aznarizador' de las empresas públicas en 1996, tras la caída del PSOE y la ajustadísima victoria electoral de un PP con hambre atrasada de poder. Aznar encargó la privatización de Argentaria a FG, un experto en inversiones bursátiles que, con el viento de Moncloa en las velas, acabaría engullendo a los fusionados bancos Bilbao y Vizcaya. Así se convirtió en presidente del BBVA (enero 2000).

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Por aquel entonces, el director del servicio de estudios de la entidad, Miguel Sebastián, redactaba informes muy críticos con la política económica del Gobierno Aznar. Así que fue defenestrado por FG y, casi sin solución de continuidad, ingresó en el equipo económico de Zapatero, que se convertiría en el nuevo inquilino de la Moncloa tras la victoria socialista de 2004.

Sebastián fue nombrado director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Y entonces se juntaron la humana pasión de la venganza y la desordenada tentación del PSOE (como antes la del PP) por influir con mando político a distancia en el sector bancario.

Así es como Sebastián llegó a planear la temeraria operación de asalto al BBVA por parte de una empresa constructora. En la entidad bancaria estaba el enemigo, FG, su antiguo jefe. Y en la constructora, Sacyr, el amigo, Luis del Rivero. Hubo 'fumata' negra porque no tenía sentido la entrada de una constructora menor en un gran banco. Pero ahí está el origen de la contratación del comisario Villarejo, cuya agencia de detectives (Cenyt), a partir de ahí, llegó a tener una facturación que dependía del BBVA en un 80%.

Fue José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, quien avisó a FG de que Del Rivero quería quedarse con el banco con el apoyo de Moncloa. Incluso el vicepresidente Solbes se entrevistó con él para pedirle que diese un paso atrás porque un grupo de inversores captados por Luis del Rivero querían el banco y Moncloa aprobaba la operación.

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La política envenenó la trama. FG reconoce que en ese preciso momento (finales de 2004) quiso saber quién estaba detrás de la operación. Por eso autorizó la contratación de una agencia de detectives que resultó estar controlada por Villarejo (dice que no lo sabía), entonces policía en activo. "Por asentimiento", le ha dicho al juez instructor, porque "el contrato nunca llegó a mi mesa". "Yo no despachaba habitualmente con Julio Corrochano" (jefe de seguridad del BBVA), asegura.

Pero el baldón judicial conocido tras haberse levantado el secreto sumarial es de mayor cuantía. Sostiene la Fiscalía Anticorrupción que el BBVA, con el conocimiento de FG, habría pagado más de 10 millones de euros a la empresa de Villarejo, a sabiendas de que era un policía en activo. González lo niega. Dice que tampoco entonces conocía las conexiones del policía con su jefe de seguridad porque no podía estar encima de cualquier cosa que se firma en una entidad de 150.000 personas.

Continuará.