Iglesias y los jueces: libertad de expresión o calumnias
De verbo humilde en el Congreso y volcánico en las redes sociales, el vicepresidente vuelve a recordarnos que su presencia en el Gobierno es una anomalía democrática
No se merece la centenaria memoria socialista la estigmatización por contagio que sufre a causa de su encamamiento político con el narcisismo-leninismo de Iglesias Turrión. De verbo demorado y humilde en el Congreso, volcánico y provocador en las redes, el vicepresidente vuelve a recordarnos que la presencia de Podemos en el Gobierno es una anomalía democrática. Y un borrón en el historial del PSOE.
Uno de sus últimos fogonazos digitales anima al pueblo soberano a poner en duda la independencia de la Justicia y la imparcialidad de los tribunales. Tal que así: "Corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protesta contra un desahucio vergonzoso". Dicho desde las alturas del Reino de España, es vitriolo derramado sobre la Constitución.
Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso pic.twitter.com/7HQywOxiKk
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2020
Nada nuevo en un dirigente político de aversión declarada al régimen del 78 y sus instituciones. Frescos están sus ataques a la Monarquía y las Fuerzas Armadas, digeridas sin graves efectos secundarios por el tejido político-mediático. Huelga el rasgado de vestiduras ante quien pregona la estirpe franquista del vigente sistema democrático. Lo aberrante es hacerlo desde una de las instituciones del sistema que repudia.
Así que uno de los dos está seriamente averiado. O Iglesias o el Gobierno. O, por contagio, ambos, según la turbadora hipótesis alimentada ayer por la ministra portavoz, María Jesús Montero, al encajar en la libertad de expresión las insinuaciones del susodicho respecto a una actitud prevaricadora del TSJ de Madrid que condenó a Isabel Serra, diputada regional, pues prevaricación es dictar sentencia en función de los privilegios o los contactos del acusado-a.
No se merece la centenaria memoria socialista la estigmatización por contagio que sufre a causa de su alianza con el narcisismo-leninismo de Iglesias
Al denostar la sentencia contra su compañera de partido, Iglesias provocó la inmediata reacción del CGPJ, que mostró su "profundo malestar" porque "no solo cuestiona una actuación judicial sino que también propaga una sospecha sobre la falta de imparcialidad de los jueces españoles".
Iglesias se cisca en el principio de igualdad ante la ley. Isabel Serra (sentencia recurrible por atentado a la autoridad) no es especie protegida con derecho a trato preferente en los tribunales españoles. Pero la defensa de ese principio básico por parte del CGPJ (seis de los siete miembros de la comisión permanente) irritó a los dirigentes de UP. Con unas u otras palabras vienen a decir que Isabel Serra ha sido condenada de una forma injusta ("sin pruebas", según Echenique) al impedir "pacíficamente" un desahucio.
Una cosa es disconformidad con una sentencia no firme y otra la descalificación personal de quienes la dictan, o de sus responsables corporativos
Eso desborda el derecho a discrepar. Aún desaparecido el delito de "desacato" desde 1995, que hasta entonces protegía a los jueces, persiste la calumnia, que es uno de los límites a la libertad de expresión y protege a cualquier ciudadano, sea o no sea juez. ¿Pueden demostrar Iglesias y Echenique que los magistrados han sido especialmente duros con Serra por carecer de "contactos", o que el CGPJ ha censurado las declaraciones del vicepresidente por ser una institución caducada y vendida al PP?
Una cosa es disconformidad con una sentencia pendiente de recurso y otra la descalificación personal de quienes la dictan. O de sus responsables corporativos. El portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, desautoriza al órgano de gobierno de los jueces por estar pendiente de renovación y carga contra su presidente, Carlos Lesmes, negándole autoridad para dar lecciones de democracia por afinidad con el PP.
Una forma de irse por las ramas ante las dificultades mostradas por su partido para aceptar el principio de igualdad ante la ley ¿O es que Isabel Serra merece un trato judicial preferente respecto al que merecen, por ejemplo, un miembro de la familia real y tantos exgobernantes del PP que están o han estado en la cárcel sin que a la Justicia se le cayera la venda de la imparcialidad?