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Antonio Casado

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Los pobres también consumen

Los incondicionales de la oferta y la demanda dejan atrás el abominable mantra del sálvese quien pueda y pretenden derogar la pobreza desde el BOE

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

Del crecer para repartir, que antes decían los socialdemócratas, al repartir para crecer, que dicen ahora. Es el salto propuesto por el ingreso mínimo vital aprobado con prisas por el Gobierno como paliativo a los estragos económicos y sociales de la crisis del coronavirus. Una medida estrella de la alianza PSOE-Podemos que se anticipa al 15 de junio (entrada en vigor) con efecto retroactivo desde el 1 de junio.

Los incondicionales de las leyes de oferta y demanda han dejado atrás el abominable mantra neoliberal del sálvese quien pueda. "Un antes y un después en las políticas públicas", dice el ministro Escrivá. Nada menos que la derogación de la pobreza por medio del Boletín Oficial del Estado. Se admiten apuestas.

Hemos descubierto el mileurismo en patera hacia los dominios del mercado. O del mercadillo, que también tiene sitio en el reino del consumo. Incluso por encima del umbral mileurista, según el número de hijos en la familia, esta prestación no contributiva de nueva creación convierte la justicia social en un resorte más —no el único— de la reactivación económica prevista para el día después del coronavirus.

Dinero público al rescate de los más vulnerables con vocación de añadir otra viga al Estado del bienestar, obra predilecta de la Europa del siglo XX

Keynesianismo puro y duro (1883-1946) para remontar la gran depresión de 1929. Y ahora, la crisis del covid-19, junto a otros manguerazos. El que nos ocupa viene para quedarse y llegará a los 3.000 millones de euros. Dinero público al rescate de los más vulnerables con vocación de añadir una nueva viga maestra al Estado del bienestar, que es la obra predilecta de los grandes políticos europeos del siglo XX.

Si no lo hacía este Gobierno, lo hubiera hecho otro, aunque la medalla se la queda esta izquierda mal avenida. Lucha socialista contra la pobreza en furtiva alianza con el capitalismo para evitar daños mayores en las cuentas de resultados. Con premio del Ministerio de Inclusión: el "sello social" del Gobierno para las empresas que se porten bien.

El vicepresidente, Iglesias Turrión, defensor de las políticas expansivas, tuvo que reconocer en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este viernes la "eficiencia económica" que también adjetiva esta media social. Quién se lo iba a decir al líder narcisista-leninista que ejerce —o lo pretende— de pregonero de una conquista social que, según él, la derecha quiere ocultar bajo el manto negro de la crispación.

Que hasta los pobres más pobres de la escala dispongan de capacidad de compra suficiente para impedir que se gripe el motor del consumo

Pero que no se ponga estupendo Iglesias porque este intento de reducir la pobreza en un 80% no viene de su negociado. No nace de su coleta populista, sino del riguroso trabajo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, rendido a las exigencias fiscales de Bruselas y la estricta vigilancia de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Lo dicho. Que nadie se quede atrás, que nadie acabe viviendo de la caridad si las ayudas sociales autonómicas o municipales, que se mantienen, no le dan para que su familia llegue a fin de mes. Que hasta los pobres más pobres de la escala (850.000 familias) dispongan de capacidad de compra suficiente para que los 12 millones de españoles en riesgo de pobreza (la cuarta parte de la población, que se dice pronto) impidan que se gripe el motor del consumo.

Del crecer para repartir, que antes decían los socialdemócratas, al repartir para crecer, que dicen ahora. Es el salto propuesto por el ingreso mínimo vital aprobado con prisas por el Gobierno como paliativo a los estragos económicos y sociales de la crisis del coronavirus. Una medida estrella de la alianza PSOE-Podemos que se anticipa al 15 de junio (entrada en vigor) con efecto retroactivo desde el 1 de junio.

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