El Rey que abdicó, a los pies de los caballos

No hay lacayos del Rey sino súbditos de la ley. Es la ciudadanía la que va a sentar en el banquillo a don Juan Carlos, no el teatralizado fervor republicano de Torra, Iglesias y Rufián

Foto: Fotografía de archivo del rey Juan Carlos. (Reuters)
Fotografía de archivo del rey Juan Carlos. (Reuters)

En nuestro sistema democrático, no hay lacayos del Rrey ni súbditos de la Corona. Hay ciudadanos. Súbditos de la ley que, a través de las instituciones, van a poner a Juan Carlos I a los pies de los caballos. Es la ciudadanía la que sentará en el banquillo al Rey que abdicó, no el teatralizado fervor republicano de Torra, Iglesias, Rufián y otros declarados enemigos del régimen del 78 con tendencia a olvidar la primacía del fondo sobre la forma del Estado.

El Rey que abdicó, a los pies de los caballos

Pero las instituciones viven o mueren por legitimación o deslegitimación de ejercicio. De eso no se libra la monarquía. Su prestigio está en juego, con riesgo de contagio a todo el sistema, porque está en la punta de la pirámide y representa al Estado. De ahí la aversión del nacionalismo periférico a la figura del Rey. Y, por añadidura, al resto de instituciones como la Fiscalía General, el Gobierno de la nación, el Tribunal Supremo, las Cortes, la Junta Electoral Central, etc.

Por ahí voy. Me rompo las manos celebrando su normal funcionamiento respecto al caso que nos ocupa. Empezando por la Fiscalía. En defensa de principios tan republicanos como la igualdad ante la ley, la defensa de la legalidad y “el interés público tutelado por la ley”, acaba de trasladar al Tribunal Supremo la indagatoria iniciada en 2018 al detectar conductas presuntamente delictivas del aforado Rey emérito (supuestos de blanqueo y fraude fiscal), cuando ya había perdido la inmunidad por abdicación (junio de 2014).

La Fiscalía actúa en nombre de principios tan republicanos como igualdad ante la ley, defensa de la legalidad e “interés público tutelado por la ley”

¿Y cómo ha reaccionado la institución afectada por los aberrantes modos utilizados por el emérito para garantizarse la jubilación? El antecedente está aún fresco. Fue en marzo de este año cuando la Fiscalía de Suiza y el 'Journal de Genève' ya había destapado para todos los públicos (secretos de Corinna, Villarejo y Sanz Roldán, al descubierto) el comisionismo de don Juan Carlos en relación con la construcción del AVE en Arabia Saudí. Felipe VI le retiró entonces la asignación económica oficial que le correspondía (194.232 euros anuales) y renunció a la herencia del padre al descubrir en una cuenta inconfesada la entrada de 100 millones de euros ocultos al fisco.

Fue la forma más directa de cortar por lo sano. La más entendible por parte del ciudadano, que exige ejemplaridad y transparencia en el comportamiento de los servidores públicos, desde el último funcionario al primer mandatario del Reino. Eso agigantó la figura de Felipe VI. Era la mejor manera de demostrar con hechos su fundacional declaración de principios: “La Corona debe preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente… Porque solo de esa manera se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones” (discurso de proclamación ante las Cortes Generales, 19 de junio de 2014). Así se hizo merecedor del respeto de una ciudadanía muy irritable ante la corrupción en la vida pública.

Felipe no es Juan Carlos. Ni la institución ni el hijo cargan con la mochila de los comportamientos del padre, si son debidamente depurados

A fin de evitar las salpicaduras de un comportamiento personal sobre la imagen de la institución, Felipe VI marcó distancias con el padre. Por preservar el prestigio de la Corona, que equivale a preservar la imagen de la jefatura del Estado, Felipe VI marcó distancias con el padre. Y no puede permitirse el pensamiento republicano, humanista, liberal y democrático una intercambiable asignación de culpas de persona a persona, como un inexorable legado dentro de la misma familia o institución.

Felipe no es Juan Carlos. Ni la institución ni el hijo cargan con la mochila de los comportamientos personales del padre si son debidamente depurados en el normal funcionamiento de las instituciones. Y para que la depuración sea completa, al margen de la valoración pública del personaje, en el doble plano judicial y ético, el propio Rey emérito debería hacer dos cosas: devolver al patrimonio nacional un dinero obtenido por ser quien era y pedir perdón a los españoles.

Todo lo cual no deroga la documentada página de nuestra reciente historia en la que don Juan Carlos aparece como el hombre que abrió por dentro las puertas del régimen franquista para que entrase la democracia reclamada por un pueblo soberano con hambre atrasada de libertades. Juguete roto, sí. Pero ese renglón, el del 'motor del cambio', no sobra en la reciente historia de España. Son cosas diferentes pero compatibles.

Al Grano
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