El futuro de la Monarquía, en manos de la Justicia

Si no hay acortamiento de la legislatura por adelanto electoral, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, jurará la Constitución con Sánchez en la Moncloa dentro de tres años y medio. El Gobierno y la Casa del Rey deben pactar antes la formación de la heredera del trono, llamada a representar al Estado, moderar el funcionamiento de las instituciones y ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando en su día se cumplan las previsiones sucesorias.

Palabras mayores, como vemos. Y no quisiera Sánchez llegar a ese momento, la consagración sucesoria de Leonor, políticamente condicionado por los eventuales desperfectos en la imagen de la Monarquía a causa de un reprobable comportamiento personal del llamado rey emérito, don Juan Carlos I. Y tal vez eso explique la frialdad de las respuestas de Sánchez cuando Pedro Piqueras le preguntó en la tele por el caso Corina, la mujer que un día de 2004 se cruzó en la vida del entonces jefe del Estado cuando a este todavía no se le había enfriado el cuerpo.

Sánchez se resguarda en el pacto constitucional, donde la Monarquía es una pieza más, de los efectos que el caso Corina pueda tener

El presidente del Gobierno se resguarda con carácter preventivo de las eventuales consecuencias de aquella calentura en la política nacional. Los daños al futuro de la Corona y la marca España son todavía imprevisibles. Así que Sánchez se aferra a la defensa del pacto constitucional del 78, del que la Monarquía es una pieza más, en el carácter estrictamente técnico de su compromiso civil con la estabilidad de dicho pacto.

Frialdad, distancia calculada. Ni media palabra de cariño. Solo las generales de la ley. Como el tertuliano perezoso que se remite a la ejemplaridad y la transparencia exigibles en la vida pública por no acabar pisando engrudo. Es lo que espera a jueces, gobernantes, periodistas y dirigentes políticos, según vayamos conociendo detalles nuevos en este pegajoso culebrón, donde don Juan Carlos es a la Monarquía (o era) lo que el excomisario Villarejo es al Estado (o era). Todo mezclado en las pócimas de Corina, que traficaba con dinero y belleza para comprar linaje.

La Justicia tiene la palabra y la responsabilidad de garantizar que en España se aplica la ley, caiga quien caiga. En la Fiscalía del Supremo se indaga en la conducta del aforado por si apareciesen indicios delictivos que justifiquen la apertura de una causa judicial. Además, nuevas revelaciones “sonoras” entregadas por la policía en la Audiencia Nacional obligan al juez García Castellón a reabrir la pieza Carol, una de las muchas tejidas en torno a las cloacas de Villarejo (¿De Villarejo o del Estado?), a partir de la supuesta contratación del excomisario por la dama negra del culebrón. Ambos están llamados a prestar declaración judicial a primeros de septiembre.

La Justicia tiene la responsabilidad de garantizar que en España se aplica la ley, caiga quien caiga. Es la clave de la credibilidad del sistema

En el reglado y normal funcionamiento de los tribunales está la clave de nuestra credibilidad como sistema que consagra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El llamado Rey emérito está aforado, pero ese privilegio legal no le exime de ser juzgado en el Tribunal Supremo.

Y así es como los jueces pueden acabar ventilando el futuro de la Monarquía, pieza clave del pacto constitucional. Para bien o para mal en sus efectos sobre la imagen de España y, sobre todo, sobre la credibilidad del sistema democrático. La indolencia política y judicial en este caso perjudicaría no solo a la institución monárquica. También a la fe civil en el Estado de Derecho.