El caso Bárcenas y la política basura
Estamos ante una prueba más de que, por desgracia, vale todo en la lucha por el poder. Incluida la destrucción de pruebas judiciales o la violación de la intimidad
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Una ola de política basura recorre España. Entre las porquerías devueltas a la playa de nuestros días, reaparece el caso Bárcenas. Asociado esta vez a quienes fueron sus jefes políticos, que utilizaron sus respectivos cargos institucionales (un presidente del Gobierno, un ministro del Interior y un secretario de Estado) para desactivar por medios presuntamente delictivos la explosiva carga inculpatoria contra el PP que llevaba adosada el otrora senador, gerente y tesorero del partido.
El haber hecho ya un buen kilometraje en el oficio me impide escandalizarme más de lo necesario ante una prueba más de que, por desgracia, vale todo en la lucha por conquistar el poder, o por retenerlo. Incluida la destrucción de pruebas judiciales o la violación de la intimidad. Desde la Motorola de Txiki Benegas (PSOE) hasta el incentivado conductor de Luis Bárcenas (PP), pasando por el móvil de Dina (UP) o las mil trapacerías del comisario Villarejo.
Gabriel Rufián (ERC) pide la ilegalización del PP mientras predica el desguace del Estado y califica de “predeterminada” a la Justicia española
En vísperas de lo que al final pueda pasar en los tribunales con Mariano Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal, como primeros señalados por el resentimiento del exsecretario de Estado de Seguridad (esos “miserables” “me dejaron tirado”, dice Francisco Martínez en su vengativa reacción), prefiero entretener la espera resaltando la parte positiva del culebrón: la capacidad depuradora del sistema y el funcionamiento de la Justicia.
Sin la menor esperanza de que cunda, deberían aplicarse el cuento quienes, incluso desde el propio Gobierno, abominan del régimen del 78, la Constitución o la figura del Rey. Y en especial los independentistas que, por boca de Rufián (ERC), llegan a pedir la ilegalización del PP mientras predican el desguace del Estado y califican de “predeterminada” a la Justicia española.
Sin embargo, ya verán ustedes cómo dedican una mirada distraída al hecho de que haya una exministra del PSOE al frente de la Fiscalía General del Estado, que es la institución promotora de la acción de la Justicia en el llamado caso Kitchen. Y ya verán ustedes cómo la “clara animadversión del denunciante” cursa políticamente con más fluidez en el caso del abogado Calvente (denuncia de malas prácticas en Podemos) que en el caso del exsecretario de Estado Francisco Martínez, que sufrió un severo ataque de contrariedad al sentirse “abandonado por los míos” cuando el nuevo líder del PP, Pablo Casado, le excluyó de las listas electorales y le dejó sin aforamiento, precisamente por su historial en el caso Bárcenas.
Que “la pieza seguirá creciendo” es la apreciación de un vengativo excompañero de partido que no quiere ser el único caído en el plano judicial
La derivada política en el aquí y ahora es inevitable. Pablo Casado se desmarca recordando su condición de diputado por Ávila cuando ocurrieron los hechos y que, cuando tuvo el poder de hacerlo, quitó de las listas a Martínez y Jorge Fernández, por estar señalados en el caso del espionaje al extesorero del partido, llevado a cabo por policías al servicio de aquellos y con cargo a fondos reservados del Ministerio del Interior.
Que “la pieza seguirá creciendo” es por ahora solo la apreciación de un vengativo excompañero de partido que no quiere ser el único caído en el plano judicial. Y en el plano político, ya se encargarán los adversarios de poner plomo en las alas de Casado. Con buenos argumentos, por supuesto. Por ejemplo, el de la cadena de mando y la lealtad debida en una organización que comparte objetivos comunes. Una sombra negra sobre la figura del expresidente Rajoy que, de momento, solo es conjetura política y mediática. No judicial.
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