Vísperas del debate sobre el Estado de la Nación desquiciada

A cinco minutos de que el taxista de Ana Oramas saque la metralleta contra la clase política, los primeros actores del drama calientan el debate sobre el estado de la nación desquiciada que está convocado para la semana próxima en modo moción de censura. Sánchez y Casado lo han hecho hasta este mismo viernes en Bruselas ante la mirada perpleja de Europa por cuenta de la renovación del CGPJ, mientras en el Congreso el ministro Illa y Cuca Gamarra ejercían de teloneros el jueves pasado, so pretexto de la absurda batalla de Madrid.

Así pinta el tablero en vísperas del extravagante ofrecimiento de Santiago Abascal para sustituir en Moncloa a Pedro Sánchez si el Congreso respalda su candidatura. Viento en las velas del PSOE y su descarado intento de empujar al PP hacia la extrema derecha. En teoría, una contrariedad para Pablo Casado, obligado a coincidir con Vox en la reprobación del Gobierno.

Opinión

Moción de censura: el demarraje de Vox y el antídoto del PP

Ignacio Varela

Y entonces se movió el tablero. En la cumbre europea sonaron las alarmas ante la presentida patada del Gobierno español al Estado de Derecho. Es malo para la salud democrática querer cambiar las reglas del juego (renovación del CGPJ) en función del minuto y resultado de la lucha por el poder.

Casado viajó a Bruselas dispuesto a documentar el temor en los circuitos políticos y mediáticos de la capital europea. Sánchez acusó el golpe. Resultado: emplazamiento a una sentada con el PP con expresa predisposición a llegar a un acuerdo ya. La respuesta, en un partido crecido por la acción desplegada con la visita del jefe a Bruselas, no se hizo esperar.

El PP valora la aparente buena disposición de Sánchez como una "cortina de humo" y le pone condiciones. Primera, retirada previa de la proposición de ley PSOE-UP por considerarse contraria a la Constitución y los tratados europeos. Segunda, Podemos debe ser excluido de las negociaciones. Y tercera, despolitización del proceso de elección de vocales del CGPJ, según una iniciativa legislativa que el PP presentará el lunes.

El PP califica de "cortina de humo" la disposición de Pedro Sánchez a reanudar inmediatamente las negociaciones para renovar el CGPJ

Volvemos a las andadas. Al menos hasta el debate de la moción de censura de la próxima semana. La explotación del éxito del viaje de Casado a Bruselas —así se percibía este viernes en la calle Génova—, con el frenazo de Sánchez en su planeada colonización del poder judicial, servirá al líder del PP para reconocerse como líder de la oposición (a Ayuso le han puesto un silenciador) y aminorar el impacto del aspirante formal a ocupar la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal.

Una vez consumado el trance parlamentario, con los partidos llamados a retratarse como en un verdadero debate de política general, no se entenderían las objeciones respecto a los órganos institucionales pendientes de renovación. Es compatible con su legítima disposición del PP a impedir que Podemos apadrine candidatos afines. Basta con que haga valer su posición de centralidad. La que comparte con el PSOE. La que se infiere de las mayorías exigidas para la elección de vocales del CGPJ y magistrados del Tribunal Constitucional. La que el Gobierno quería modificar y ahora parece dispuesto a rectificar "si el PP vuelve a la senda del sentido de Estado".

Un resorte argumental perfecto para encubrir el miedo a la "condicionalidad" respecto al acceso a los fondos europeos. En este caso, el respeto a las normas del Estado de Derecho. Si incumple o se cumple a medias, el acceso a las ayudas también se incumplirá o se cumplirá a medias por parte de Bruselas. Es lo que hay.