El emérito: héroe por un día y de nuevo villano

El martes, héroe en la celebración del triunfo de la democracia sobre el golpismo. Y el jueves, de nuevo villano al conocerse un segundo intento de ponerse en paz con el Fisco. La cantidad aflojada por el Rey emérito asciende a 4.396.000 en concepto de “rentas no declaradas” (más de ocho millones en especie). Un nuevo paso para hacerse perdonar la conducta “incívica” de la que habló Pedro Sánchez en los jardines de la Moncloa.

Algo más que incívica. Me parece más ajustada la reacción de Carmen Calvo al saberse que el exrey Juan Carlos acababa de retratarse fiscalmente en una segunda regularización, bastante más cuantiosa que la primera (678.393 en diciembre de 2020): “En un Estado de derecho, nadie se puede saltar la ley”, dijo la vicepresidenta.

Ahí es donde se retratará la España democrática. En el plano judicial. No en el del civismo. Ni siquiera en el plano político, como pretenden los socios de Sánchez en sus fallidos intentos de constituir una comisión de investigación en el Parlamento sobre las andanzas de una figura que ni tuvo ni tiene responsabilidad política (véase, una vez más, el artículo 64 de la Constitución, en relación con el 56.3).

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Por ilustrarlo con un ejemplo: Juan Carlos no es políticamente responsable del aforamiento que goza desde julio de 2014 (por mayoría absoluta en el Congreso), unas semanas después de haber perdido la inviolabilidad como consecuencia de la abdicación. ¿Qué responsabilidad política se le podría atribuir en una eventual comisión parlamentaria?

Es el aparato judicial el que se pone a prueba ante los supuestos delictivos en los que el Rey emérito, como persona, ha podido incurrir. Ilustra esta presunción que en estos momentos un equipo de cuatro fiscales trabaja en el consabido proceso indagatorio. Afecta a tres causas diferentes (comisiones AVE, donaciones indebidas y sociedades opacas), las cuales están técnicamente listas para convertirse en querellas ante el Tribunal Supremo si los indicios son lo bastante sólidos.

Sería una prueba de que la democracia funciona “plenamente” y el peso de la ley cae sobre una figura aforada pero tan procesable como cualquier hijo de vecino. No es que sea el único camino para evitar daños en la imagen de la España del 78. Pero una eventual exculpación tras las dos regulaciones fiscales, la insuficiencia de pruebas o el alcance de la inmunidad, según las fechas, ha de venir cargada de rigor, transparencia y solidez en las motivaciones. La misma exigencia para el caso de un eventual procesamiento del personaje.

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De momento sería muy de agradecer una explicación pública de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria, o de ambas, sobre el hecho de que el abogado del Emérito, Javier Sánchez Junco, tenga información privilegiada respecto a si una regularización fiscal es lo suficientemente “veraz” y “completa” como para no incurrir en un supuesto delito. Tampoco estaría mal que se explicase si los contactos del abogado con la A.T. E. servían para facilitar las dos regularizaciones fiscales del Emérito cinco minutos antes de comunicar la apertura del expediente que presupone una conducta delictiva (eso ocurre cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros).

Entretanto, demos por buena la enésima referencia del presidente del Gobierno a la solidez de la institución monárquica, que ha de distinguirse del comportamiento “incívico” del Emérito. Queda por encima el compromiso del rey Felipe VI con la ejemplaridad y la transparencia. No comparto en absoluto que la reprobable conducta personal del padre pueda tumbar al hijo. Ni los afanes de quienes utilizan la conducta del padre para desprestigiar la institución o borrar la histórica página protagonizada por Juan Carlos como motor del advenimiento de la democracia. Por eso hizo de héroe en el acto del martes (40 aniversario del 23-F), antes de volver a ser villano.