Si el Gobierno escondió el informe del Consejo de Estado a pesar de aplicarlo en el decreto sobre fondos europeos, es que la rectificación no ha sido 'veraz' y 'completa'
Haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago. Es la divisa del Gobierno. La de este y otros cuya prioridad es la conservación del poder. Ahora hablamos del nuestro, acusado por el PP de olvidar que la ayuda europea pretende salvar la economía, no al Gobierno ni a los partidos que lo sustentan.
Con la boca grande, reclama Sánchez ejemplaridad y transparencia a la Corona, sin ir más lejos, a fin de preservar el crédito de la institución monárquica. Con la boca pequeña, dice haber tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo de Estado para dotar de seguridad jurídica la gestión de los fondos europeos al rescate de la maltrecha economía nacional.
Entonces, ¿por qué escondió el dictamen de casi 100 páginas del alto órgano consultivo sobre el decreto regulador sobre la gestión de dichos fondos?
El Gobierno se habría cargado de razón política si hubiera explicado los cambios para subsanar las deficiencias detectadas
Ya sabemos que no había obligación legal de hacerlo público. Ni siquiera de volcarlo en el decreto-ley antes de aprobarse en Consejo de Ministros y convalidarlo en el Congreso casi un mes después. Pero el Gobierno se hubiera cargado de razón política (y moral) si hubiera explicado los cambios introducidos para subsanar las deficiencias detectadas.
No lo hizo. No incorporó el informe a la documentación. Lo escondió, privando a los grupos parlamentarios de los necesarios elementos de juicio para motivar su voto, tanto el de los que votaron a favor (170), como en contra (126) o los que se abstuvieron (los 52 de Vox, que acabaron siendo decisivos). Así perdió la ocasión de demostrar que se cree una de las tres principales funciones del Parlamento: la de controlar al Ejecutivo. Y así dio cuartos al pregonero de quienes agitan el fantasma del clientelismo en la adjudicación de proyectos a cuenta del multimillonario volquete de la UE.
Era innecesario que la ministra portavoz, María Jesús Montero, nos recordara que fue iniciativa del Gobierno consultar al Consejo de Estado, cuyo informe no era preceptivo ni vinculante. Y que sus recomendaciones se incluyeron en el texto convalidado en el Congreso. Razón de más para haber explicado los cambios en sede parlamentaria.
Los grupos hubieran tenido ciencia propia al decidir si realmente el decreto subsanaba o no las “graves insuficiencias” detectadas en materia de rigor presupuestario, contratación administrativa, reglas de funcionamiento en la adjudicación de subvenciones, mecanismos de control en la aprobación de proyectos, etc. Y Sánchez hubiera quedado campeón en transparencia, ejemplaridad y buen gobierno frente a quienes le acusan de querer disponer a su antojo de esos fondos.
La sombra de la arbitrariedad cae sobre el salvavidas de Bruselas, tras la convalidación de un decreto-ley
Ahora se ha instalado la sombra de la duda. El fantasma del amiguismo y la arbitrariedad planea sobre el acceso al salvavidas financiero de Bruselas, después de una rocambolesca sesión, la del 28 de enero, que hizo tan extraños compañeros de cama: PP votó no junto a ERC, el PSOE votó sí junto a Bildu, y fue la 'abs' de Vox la que finalmente evitó la derrota del decreto del Gobierno.
¿Tráfico de favores? Es la sombra negra del culebrón. Pero vayamos a las evidencias. Primera: si el órgano consultivo habla de la necesidad de la fiscalización previa y el reforzamiento de controles parlamentarios y administrativos, es evidente que detectó tentaciones arbitrarias en la futura distribución de los fondos. Segunda: si el Gobierno asume que ha rectificado el texto original para incluir las recomendaciones, es evidente que asume la preexistente tendencia a la arbitrariedad. Y si, a pesar de todo, el Gobierno privó a los grupos parlamentarios de toda esta información, quedamos autorizados para sospechar que las rectificaciones del decreto, a instancias del Consejo de Estado, no han sido 'veraces' y 'completas'.
Haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago. Es la divisa del Gobierno. La de este y otros cuya prioridad es la conservación del poder. Ahora hablamos del nuestro, acusado por el PP de olvidar que la ayuda europea pretende salvar la economía, no al Gobierno ni a los partidos que lo sustentan.
