Indultos, políticos presos y Estado claudicante

La decisión no es inminente ni está cerrada, pero parece decidida la voluntad de indultar en nombre de la concordia a los penados por la intentona secesionista de 2017. Sánchez ha sido bastante explícito: “La revancha no está en la Constitución”.

No. Lo que está es el derecho de gracia. Una figura jurídica que confiere legalidad al principio de oportunidad. Es decir, hace que sea legal (ministro Campo 'dixit') lo que el Gobierno, en virtud de su prerrogativa, entiende que es políticamente oportuno: recabar el apoyo parlamentario del nacionalismo catalán en el Congreso. O al menos, los 13 escaños de ERC, cuya complicidad se malogró con la operación Illa.

Aquí no cabe apelar a la razón de Estado para ganarse el apoyo del PP porque estaría de parte del principal partido de la oposición

Incluso es discutible que sea políticamente oportuno. Viento en las velas del PP. Véase el subidón de Casado y su fundamentado anuncio de que los indultos traerían más inestabilidad. Mal vamos si Sánchez regala al adversario la ocasión de acreditar su tesis de que, con las vacunaciones en velocidad de crucero y las buenas expectativas de recuperación económica, la legislatura ya está en vía muerta.

Y aquí no cabe apelar a la razón de Estado para ganarse el apoyo del PP porque, en todo caso, la razón de Estado estaría de parte del principal partido de la oposición, que ya ha anunciado su intención de ir a la guerra (política, se entiende) si Moncloa alfombra la vuelta a casa de quienes quisieron reventar el orden constitucional y confiesan que lo volverán a hacer.

El derecho de gracia puede ser el tiro de gracia a la carrera política de Pedro Sánchez si falla su intento de pasar a la historia como el pacificador de Cataluña. Y tiene muchas papeletas de pagar un alto precio si sigue empeñado en conceder los indultos a favor de quienes confiesan su propósito de volver a las andadas y en contra de la parte ofendida (el conjunto de los ciudadanos), el tribunal sentenciador, la Fiscalía y el principal partido de la oposición parlamentaria.

En Moncloa, han decidido que Estado claudicante es preferible a Estado revanchista. Eso sitúa a la Fiscalía General en el bando de los revanchistas

En Moncloa, han llegado a la conclusión de que la apariencia de Estado claudicante es preferible a la de Estado revanchista. Una tesis temeraria que sitúa en el bando de los revanchistas a la Fiscalía General, que se ha pronunciado en contra de los indultos (no hay “razón admisible en derecho” que los justifique).

Hacia el mismo bando de la justicia vengativa se encamina, según Sánchez, el Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional. Me consta que su informe exige reconocer la comisión del delito y el compromiso de que no se repetirá.

Ni contrición civil ni propósito de la enmienda aparecen por ningún lado. Por tanto, si los indultos se acaban perpetrando, los políticos presos se convertirían por decisión del Gobierno en presos políticos. Equivaldría a regalarles la razón moral de un desafío al Estado que piensan repetir. Y eso no encaja en la doctrina del presidente del Gobierno sobre otro desafío al Estado que nos ocupa estos días, también en modo ataque a la integridad territorial. Me refiero a la crisis diplomática con Marruecos, al que se reclama “lealtad y respeto” con más contundencia que a los gobernantes de una parte del territorio nacional.

Si el Gobierno convierte en presos políticos a políticos presos, les regalaría la razón moral de un desafío al Estado que quieren repetir

Sánchez quiere abanderar el 'reencuentro' ("entre Cataluña y España", dice la ministra portavoz, como si se tratara de dos magnitudes equiparables) sin acordarse de que hay una 'parte ofendida' (el concepto es técnico), a la que se debe una reparación.

Las apelaciones al valor del diálogo y la legalidad del derecho de gracia no se justifican solo porque el nuevo presidente de la Generalitat haya dicho que, aunque no lo pidan, el indulto aliviaría el sufrimiento de los presos. ¿Acaso garantiza Aragonès García que los indultos enfriarán el desafío al Estado recogido en los acuerdos de la coalición independentista que gobierna Cataluña?