Eutanasia: la hora de la verdad

"A mí nadie me lo ha pedido nunca, aunque mi especialidad es de las más afectadas. Mis pacientes siempre quieren vivir un poco más, pero no esperamos que nada vaya a ser diferente a partir de ahora. Nosotros priorizamos la sedación paliativa, siempre que la situación lo requiere", me dice la doctora Ruiz Casado, oncóloga del hospital Puerta de Hierro de Madrid donde, como en cualquier otro centro de referencia, están a verlas venir cuando acaba de entrar en vigor de la ley de eutanasia, tres meses después de su aprobación parlamentaria.

Casi todo por hacer, a pesar de los tres meses de carencia antes de empezar a aplicarse. Un tiempo teóricamente dedicado a poner en marcha los protocolos de actuación en las distintas Comunidades Autónomas y unificar en la práctica el significado de conceptos discutidos y discutibles, como "cansancio vital", "padecimiento grave", "trastorno psiquiátrico", etc. O la misma objeción de conciencia: ¿registro de objetores u objeción ocasional?, que es uno de los debates abiertos sobre este nuevo servicio de la sanidad pública.

"No esperamos que nada vaya a ser diferente a partir de ahora. Nosotros hacemos sedación paliativa" (doctora Ruiz Casado, oncóloga)

Nada tan subjetivo como la personal e intransferible percepción del sufrimiento. Pero ese y otros vectores mencionados van a ser determinantes en el real y verdadero ejercicio del derecho a una muerte digna. Sin embargo, todavía carecen de la debida precisión técnica en los protocolos de aplicación en caso de enfermedad incurable sin que el Estado, la Iglesia o la familia puedan impedirlo.

Un país puntero en trasplantes de órganos que salvan vidas va sobrado de legitimación para asumir la práctica del suicidio asistido en ciertas condiciones. Ahora bien, el derecho a irse de este mundo de forma libre y fehacientemente consentida, cursará con criterios desiguales en las distintas autonomías. El signo político de los gobiernos condiciona a las Comisiones de Garantías y Evaluación que se han venido formando con prisas (en algunas Comunidades, ni eso), aunque están llamadas a decir la última palabra por encima de la voluntad del paciente y de la familia.

La pandemia ha cogido con el pie cambiado a los operadores. Los estamentos sanitarios, administrativos y judiciales harán camino al andar. No queda otra cuando sobre el día D de la eutanasia, por fin, planean las dudas, la desinformación, los prejuicios y el propio desconocimiento de la norma legal que regula el empoderamiento del individuo frente al Estado si la vida se le hace insoportable.

Un país puntero en trasplantes está legitimado para la práctica del suicidio asistido, aunque el derecho cursará de forma desigual, según las CCAA

Un paso de gigante de la España democrática en materia de derechos civiles, mayoritariamente aceptado por una sociedad consciente de que no está escrito que vivir con sufrimiento sea obligatorio, digan lo que digan los sectores conservadores. En Vox sostienen que esta ley instaura “la cultura del descarte y de la muerte”, qué barbaridad.

La amplia mayoría parlamentaria registrada en la votación final de la ley el 19 de marzo pasado no deja lugar a dudas: 202 síes frente a 141 noes y 2 abstenciones. El resultado refleja el sentir de la sociedad española, convencida de que el ser humano es soberano de su propia vida. Por encima y al margen de instituciones civiles o religiosas.

Nadie puede obligar a nadie a vivir en contra de su propia voluntad. A partir de ahora nadie irá a la cárcel por ayudar a morir a alguien. Y desde el punto de vista sanitario, quedan trazadas las líneas generales de la práctica eutanásica, bajo supervisión médica y verificación reforzada de la voluntad del enfermo. Por falta de garantismo no será.